Recuperan su casa en Gerona y les comunican que tienen que devolverla a los okupas por culpa de un vídeo

Cataluña, y en particular la provincia de Gerona, continúa siendo uno de los epicentros de la okupación ilegal en España. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por intrusión en inmuebles en todo el país, lo que supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Cataluña lidera estas estadísticas con 7.009 casos, representando más del 40% del total nacional. En este contexto, la localidad gerundense de Ripoll ha destacado por implementar medidas drásticas, como el corte de suministros eléctricos a viviendas ocupadas, una práctica legal en países como Alemania o Francia, pero aún poco extendida en España.

En una entrevista concedida a La Linterna, el abogado José María Español, experto en ocupación ilegal, analizó la gravedad de la situación y relató un caso reciente ocurrido en Gerona que ejemplifica las contradicciones y vacíos legales que enfrentan los propietarios. Español subrayó que la proliferación de empresas dedicadas a "okupar al okupa" –una práctica mediante la cual terceros ocupan la vivienda ilegalmente tomada para facilitar su recuperación– evidencia el fracaso del marco legislativo actual. "Cuando aparecen medios alternativos a la ley, quiere decir que ésta no funciona", afirmó el letrado.

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Unos okupas recuperan la casa en Gerona

El caso concreto que relató Español en una entrevista en El Debate ocurrió en Gerona, donde unos propietarios lograron acceder a su vivienda mientras los ocupantes ilegales se encontraban ausentes. Sin embargo, al solicitar el apoyo de la policía municipal para formalizar la recuperación, los agentes les instaron a abandonar el inmueble. La razón: los okupas habían presentado un vídeo en el que aparecían durmiendo y cocinando en la casa, alegando así que llevaban más de 48 horas residiendo en el lugar.

Este plazo, según Español, "no está escrito en ningún sitio del Código Penal" y no otorga derecho alguno a los ocupantes, ni siquiera bajo el Código Civil catalán. A pesar de ello, la actuación policial se basó en una interpretación errónea de la normativa, prolongando injustamente la situación de desamparo de los propietarios.

El abogado criticó la falta de protocolos claros para las fuerzas de seguridad, lo que deriva en intervenciones contradictorias y arbitrarias. "De 48 horas se pasan a 48 meses", lamentó Español, refiriéndose a la dilación judicial que caracteriza estos procesos. En España, los propietarios esperan una media de 18,1 meses para recuperar sus inmuebles, con variaciones significativas entre comunidades autónomas. Cataluña, con 7,9 meses en primera instancia y 10,1 en apelación, se sitúa ligeramente por encima de la media nacional.

Cataluña, foco de atención por la vivienda

La anécdota de Gerona no es un caso aislado. Otros municipios catalanes, como Badalona, han replicado medidas similares a las de Ripoll, cortando suministros para desincentivar la okupación. No obstante, la respuesta institucional sigue siendo dispar, dependiendo del color político de cada ayuntamiento. Mientras, las mafias organizadas aprovechan los vacíos legales y la lentitud de los procedimientos judiciales, exacerbando un problema que ya afecta a miles de familias.

Español también se refirió a los "requisitos de vulnerabilidad", que muchos ocupantes alegan para evitar desalojos. Según explicó, informes sociales basados en declaraciones no verificadas –como la existencia de menores a cargo– suelen ser determinantes para paralizar lanzamientos, incluso cuando posteriormente se demuestra que son falsos. Esto, unido a la próxima prórroga de la suspensión de desalojos derivada de la pandemia –una medida que se mantiene desde 2020–, perpetúa la indefensión de los propietarios, particularly los pequeños tenedores que constituyen el 80% del mercado de alquiler.

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Solución a un problema extendido

Para el abogado, la solución pasa por una reforma legislativa urgente que priorice la agilización de los desalojos, protocolos de actuación policial unificados y una política de vivienda social real que no recaiga sobre los particulares. "España es la excepción europea a la legislación que defiende la propiedad", concluyó Español, alertando sobre el riesgo de que la desprotección legal continúe fomentando prácticas alternativas, e incluso ilegales, para recuperar lo que es legítimamente propio.

Mientras tanto, casos como el de Gerona siguen repitiéndose, evidenciando una crisis que trasciende lo jurídico para convertirse en un problema social de primer orden. La necesidad de un marco legal claro y eficaz se antoja más urgentes que nunca.