Los propietarios de viviendas no podrán alquilarlas ni venderlas en España a partir de 2030 si no cumplen esta condición

España enfrenta una revolución silenciosa en su mercado inmobiliario. A partir de 2030, las viviendas con clasificación energética inferior a la E quedarán excluidas del mercado de compraventa y alquiler, según la normativa europea que obliga a renovar el parque inmobiliario más ineficiente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se realizan aproximadamente 500.000 transacciones de vivienda usada y 150.000 alquileres nuevos, operaciones que podrían verse gravemente afectadas si no se acelera la renovación energética.

La Unión Europea ha establecido que todos los Estados miembros deben alcanzar una tasa anual de renovación del 3% de sus viviendas menos eficientes, con el objetivo de que en 2033 el parque inmobiliario español haya alcanzado como mínimo la clase D. Sin embargo, los datos son alarmantes: solo el 20% de las viviendas en España cuenta con una clasificación energética superior a la E, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Además, el 50% de los hogares fueron construidos antes de 1980, careciendo de aislamiento térmico adecuado, ventanas eficientes o sistemas de climatización modernos.

5,5 millones de viviendas necesitan rehabilitación urgente

El Ministerio de Transición Ecológica estima que la edad media de las viviendas en España es de 43,5 años, lo que explica que aproximadamente 5,5 millones de hogares presenten problemas graves de eficiencia energética. Estas viviendas, clasificadas como F o G, consumen hasta un 70% más de energía que las modernas, generando facturas exorbitantes y emisiones contaminantes desproporcionadas.

"Las casas construidas antes de 1980 no estaban sujetas a un Código Técnico de Edificación que obligara a aislar techos, paredes y ventanas", explica un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Esto se traduce en problemas de humedad, moho y puentes térmicos que reducen la vida útil del inmueble y disparan el consumo energético.

Soluciones: aislamiento, ventanas y sistemas eficientes

La rehabilitación energética se presenta como la única vía para salvar estas viviendas del ostracismo market. Las actuaciones prioritarias incluyen:

• Aislamiento térmico exterior (SATE): Mejora hasta un 30% el rendimiento energético al actuar sobre fachadas, cubiertas y medianeras. Según el IDAE, sistemas como el poliestireno expandido (EPS) o la lana mineral reducen la demanda de calefacción y refrigeración entre un 25% y un 35% en zonas climáticas como Madrid.

• Sustitución de ventanas: Las ventanas de doble o triple vidrio con perfiles de PVC permiten un ahorro energético del 30%, según la OCU. "El cambio de ventanas es crucial", afirma un técnico de OnVentanas. "Simplemente cambiando a un vidrio 4-16-4 bajo emisivo se reduce la transmitancia térmica de 2,9 W/m²K a 1,5 W/m²K".

• Sistemas de climatización eficientes: Sustituir calderas de gasóleo por bombas de calor o aerotermia reduce el consumo energético anual en un 60%. Según un estudio de la OCU, la aerotermia tiene un coste anual de 229 euros para una vivienda de 90 m², frente a los 778 euros de una caldera de gasóleo.

Ayudas públicas y costes de rehabilitación

El Gobierno español ha destinado fondos Next Generation EU para subvencionar hasta el 40% de las reformas, con un límite de 3.000 euros por vivienda. Comunidades como el País Vasco y Extremadura ya han activado programas específicos para comunidades de propietarios y particulares.

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El coste medio de una rehabilitación integral ronda los 6.000 euros para un piso de 90 m²: 3.600 euros para aislamiento de paredes, 1.200 euros para el suelo y 1.200 euros para ventanas. Estas actuaciones permiten un ahorro energético de hasta 1.000 euros anuales, amortizándose en menos de seis años.

Retos y plazos: una carrera contra reloj

A pesar de las ayudas, el ritmo de renovación es insuficiente. Entre 2021 y 2023 solo se rehabilitaron 102.734 viviendas, lejos del objetivo de 1,2 millones para 2030. La OCU urge a agilizar la tramitación: "Deben crearse ventanillas únicas y asegurar que el pago de las subvenciones no supere los seis meses desde la solicitud".

Los propietarios que ignoren esta obligación no solo verán depreciarse sus activos, sino que enfrentarán sanciones y la imposibilidad de vender o alquilar sus viviendas. Como advierte el Banco de España, "la rigidez de la oferta aconseja aumentar el parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles", pero la rehabilitación privada es insoslayable.

En menos de cinco años, España decidirá si condena a millones de viviendas a la obsolescencia o las integra en un mercado inmobiliario más sostenible y justo. El reloj no se detiene.