Enrique Pérez, presidente de la Asociación Española para la prevención contra el acoso escolar: "9 de cada 10 niños que maltrata no tienen consecuencias

El martes 14 de octubre de este mismo año, Sevilla se vio sacudida por una tragedia que ha generado un profundo debate social y educativo. Sandra Peña Villar, una adolescente de solo 14 años, decidió acabar con su vida lanzándose desde la azotea del edificio donde vivía, poco después de salir del colegio. 

El fatal desenlace ocurrió en la calle Rafael Laffón, en el barrio de Sevilla Este, y rápidamente movilizó a los servicios de emergencia y policía. 

La conmoción entre vecinos, familiares, compañeros y la comunidad educativa no se hizo esperar. Sandra era una joven activa, estudiante de un colegio concertado y jugadora de fútbol en un club femenino local. Nadie imaginaba que aquel martes sería su último día. 

Un grito de auxilio que fue ignorado 

El caso ha generado una oleada de indignación pública, y ha puesto sobre la mesa el debate sobre cómo los centros educativos están aplicando —o no— los protocolos de actuación frente al acoso escolar y las conductas autolíticas en menores.  

Según el testimonio de sus familiares, Sandra había sido víctima de bullying por parte de varias compañeras de su colegio concertado, donde cursaba 3º de la ESO. Ya durante el curso anterior, su madre habría comunicado por escrito al centro su preocupación por la situación, aportando incluso informes psicológicos que reflejaban la ansiedad y el sufrimiento emocional de la menor.  

El acoso, según relata su entorno, no solo fue verbal, sino que incluyó aislamiento social, burlas y una presión constante que deterioró su autoestima y su salud mental, todo un desgaste emocional para, tan solo, una joven adolescente. A pesar de los avisos, denuncian que el colegio no activó el protocolo de acoso escolar, ni tampoco el de prevención de suicidio, a pesar de contar con indicios claros de riesgo.  

El único recurso fue separar a las niñas

La única acción que reconocen por parte del centro fue cambiar a Sandra de clase al comenzar el nuevo curso, con el objetivo de que no coincidiera con las alumnas conflictivas. Sin embargo, esta medida fue claramente insuficiente, ya que la joven seguía sintiéndose sola, excluida y vulnerable. 

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La familia desconoce si esos insultos se proferían también a través de las redes sociales. "Eran insultos constantes que le generaron una situación que ha desembocado en esto. La Policía ha intervenido el teléfono móvil de mi sobrina y está analizando si esos insultos también se llevaban a cabo a través de mensajes o en las redes sociales. Nosotros no hemos visto nada, pero es algo que nosotros no sabemos". 

El portavoz sostiene que Sandra le contaba a su madre estos insultos y que no quiso acudir a ningún profesional de la salud mental, hasta que su hermano "la convenció para que diera el paso y se dejara ayudar". 

La familia espera que se "aclare todo". "Evidentemente habrá que depurar responsabilidades para todo aquél que no haya actuado como deba. Está claro que ha habido errores. Hay que depurar responsabilidades en dos vertientes, tanto por parte de las que han provocado esta situación como por los que no han puesto remedio".