El pueblo a 45 minutos de Madrid tomado por los okupas: 5.000 habitantes y un tercio de pisos okupados

A apenas 45 minutos de Madrid y media hora de Toledo, Chozas de Canales se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que desborda a vecinos y autoridades: la okupación ilegal de viviendas. Este pequeño municipio de 5.000 habitantes, situado en plena comarca de La Sagra, ha visto cómo un tercio de sus viviendas han sido tomadas por mafias especializadas en la usurpación de inmuebles. Y lo más grave: no hay un solo agente de policía patrullando sus calles.

Sin policía y con miedo

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Aunque el Ayuntamiento tiene cuatro plazas aprobadas para la Policía Local, a día de hoy no hay ningún agente operativo. Tampoco hay cuartel de la Guardia Civil en el pueblo; el más cercano está en Valmojado, a 14 kilómetros. Este vacío de autoridad ha creado el caldo de cultivo perfecto para que florezcan conflictividad, vandalismo y tráfico de drogas.

Las denuncias por peleas, amenazas o robos se han disparado. Hay vecinos que ya no salen de casa por la noche. Otros han tapiado ventanas y puertas con ladrillos o han instalado cámaras de seguridad propias. Incluso hay quienes temen aparecer en medios por miedo a represalias. El miedo no es subjetivo: en Chozas de Canales se han registrado palizas por confusiones, coches robados y plantaciones de marihuana en pisos ocupados.

Mientras tanto, las leyes actuales parecen dar la espalda a quienes sufren esta situación. Tal como explicó recientemente un abogado especializado en COPE, si un okupa se empadrona en la vivienda, el desalojo puede complicarse legalmente (ver aquí).

El abandono de un pueblo tomado

La alcaldesa, Nuria Robledo, ha alzado la voz en repetidas ocasiones. Ha solicitado ayuda a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y ha pedido una reforma legal urgente. “El problema es la ley”, repite, consciente de que en países como Francia o Alemania un desalojo se ejecuta en 48 horas, mientras que en España puede demorarse hasta dos años (ver aquí).

Las consecuencias de esta okupación masiva no se limitan al deterioro de los inmuebles. Los vecinos denuncian un ambiente de inseguridad constante, problemas de convivencia y una sensación de abandono total. Y aunque existen nuevas leyes antiokupas que han reducido plazos de desalojo (ver aquí), la realidad sobre el terreno dista mucho del papel.

En Chozas de Canales ya se venden viviendas con okupas dentro. Algunas se anuncian en portales inmobiliarios como “con inquilino”. La desesperación ha alcanzado niveles tan altos que los propios residentes se plantean abandonar el municipio. Muchos sienten que el Estado los ha dejado solos, sin recursos, atrapados en un laberinto legal que protege más al okupa que al propietario (ver aquí).

Y es que desde junio de 2025, los okupas pueden usar nuevas excusas para evitar su desalojo, lo que preocupa aún más a los afectados (ver aquí).

Chozas de Canales es hoy un ejemplo dramático del fracaso legal y político ante la okupación. Un pueblo tomado por la delincuencia, donde ni la Policía ni la Guardia Civil pueden hacer nada más que acudir cuando ya es demasiado tarde. Un lugar donde los vecinos gritan “fuera okupas” en medio de una realidad que no cambia, donde se sienten solos, desprotegidos y olvidados.