Los okupas están enseñando esta factura y los ayuntamientos les empadronan: los propietarios, desprotegidos

La okupación en España sigue reinventándose y cada día aparecen nuevas técnicas que dificultan la labor de los propietarios y de las fuerzas de seguridad. La última maniobra destapada en Alicante ha vuelto a poner de relieve la desprotección que sufren quienes ven cómo su vivienda es ocupada. En este caso, una mujer y su pareja presentaron una factura de internet y, sorprendentemente, también un contrato de alarma a su nombre para justificar su empadronamiento en la vivienda ocupada. No eran los propietarios ni los arrendatarios, pero eso no fue un impedimento para que el Ayuntamiento aceptase la inscripción.

La explicación dada por la mujer fue que “ahora se oyen muchas cosas”, en referencia a la seguridad, pero el trasfondo de esta estrategia va más allá. En realidad, todo apunta a un intento de construir una falsa apariencia de legalidad sobre la ocupación, de cara no solo a dificultar el desalojo, sino también a abrir la puerta a procesos de regularización administrativa. En este caso concreto, la mujer es española, pero su pareja, de origen magrebí y en situación irregular, podría estar utilizando el empadronamiento como primer paso para solicitar el arraigo social, una vía que requiere tres años de permanencia en España.

Del ticket de pizza a la alarma

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Esta nueva táctica es una vuelta de tuerca a estrategias previas, como la conocida técnica de la pizza, que consiste en pedir comida a domicilio y presentar el ticket como prueba de haber residido más de 48 horas en el inmueble, lo que dificulta el desalojo inmediato por parte de la Policía. Sin embargo, la presión vecinal en muchos puntos del país está comenzando a frenar estas prácticas, como ya se ha visto en varios casos recientes.

Uno de los más comentados ocurrió en Barcelona, donde los vecinos de un edificio coordinaron su acción para impedir que los okupas consolidaran su presencia. La historia fue recogida por COPE y sigue dando que hablar en el barrio según este reportaje. Del mismo modo, en un pequeño municipio de Madrid, el Ayuntamiento ha optado por exigir la instalación de alarmas en todas las viviendas deshabitadas para disuadir a los okupas como informa esta pieza.

También en Valencia, la rápida intervención de unos agentes al escuchar una frase sospechosa dejó sin margen de maniobra a unos okupas pillados in fraganti. Y en Vizcaya, un pueblo entero logró expulsar a los okupas exigiéndoles una copia de llaves al nuevo inquilino, que resultó ser un impostor como recoge COPE.

El vacío legal, un incentivo

Volviendo al caso de Alicante, la realidad es aún más grave. No se trata de un hecho aislado. A finales de 2024, la Policía Nacional detuvo a un hombre y una mujer por ocupar un inmueble usurpando la identidad de un anciano enfermo terminal, contratando una alarma a su nombre. La desprotección legal es tal que el empadronamiento en España no exige probar la titularidad del inmueble, tan solo “vivir allí”, lo que convierte el sistema en una herramienta aprovechable por quienes buscan legitimar la okupación.

En Badajoz, los propios vecinos descubrieron que una mujer vivía en el piso de una comunidad haciéndose pasar por su nueva propietaria. Tras alertar al resto de residentes, la comunidad actuó para lograr que saliera de la vivienda como se detalla aquí.

En todos estos casos, se repite el patrón: vacíos legales, burocracia laxa y tácticas cada vez más sofisticadas que terminan dejando al verdadero propietario con las manos atadas. La capacidad de respuesta de la Administración sigue siendo insuficiente, mientras los okupas perfeccionan sus estrategias sin freno.