Los okupas ya no podrán usar esta excusa para evitar el desalojo en España: a partir de junio de 2025

La reforma de la Ley de Vivienda en España ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra la okupación ilegal de inmuebles. Aprobada el 20 de junio de 2025 como parte de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, esta modificación legislativa ha eliminado una de las estrategias más utilizadas por los okupas para prolongar su estancia en viviendas ajenas: la invocación de la presencia de menores como motivo para retrasar los desalojos.

Con la entrada en vigor de la norma el pasado 3 de abril, los propietarios afectados por usurpaciones cuentan ahora con un mecanismo judicial acelerado que reduce drásticamente los plazos de resolución, limitando la capacidad de los ocupantes ilegales para alargar los procedimientos.

 El fin de los retrasos judiciales  

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la inclusión de los delitos de allanamiento de morada y usurpación en el procedimiento de juicio rápido, regulado por el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Anteriormente, los casos de okupación ilegal podían extenderse durante meses e incluso años debido a la saturación de los juzgados y a las tácticas dilatorias de los okupas, como alegar situaciones de vulnerabilidad social o la presencia de niños en el inmueble.

Sin embargo, la nueva normativa establece que, una vez iniciado el proceso, el juez debe celebrar una audiencia en un máximo de 72 horas y dictar sentencia en un plazo no superior a 15 días hábiles.

Este cambio ha sido especialmente relevante en comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía y Madrid, donde la okupación ilegal registraba cifras alarmantes, con un incremento del 7,4% en 2024 respecto al año anterior. Según datos del Ministerio del Interior, Cataluña concentraba el 42% de los casos a nivel nacional, lo que hacía urgente una respuesta legislativa contundente 10. La reforma no solo agiliza los trámites, sino que también elimina requisitos burocráticos que antes retrasaban los desalojos, como los informes de vulnerabilidad social, al considerar estos delitos como flagrantes y prioritarios.

 Polémica en torno a la reforma  

Pero la aprobación de la reforma no ha estado exenta de controversia. La votación en el Congreso de los Diputados resultó en 178 votos a favor, 172 en contra y una abstención, un margen estrecho que refleja la división ideológica en torno al tema. Parte de este resultado se atribuyó a un error de cálculo por parte de EH Bildu y ERC, que inicialmente apoyaron la enmienda del PNV pero luego rectificaron, calificando su voto como un "error involuntario".

Mientras que partidos como el PP, Junts y Vox celebraron la medida como un avance en la protección de la propiedad privada, el PSOE, Podemos y organizaciones sociales criticaron su potencial para criminalizar a familias en situación de precariedad económica.

No obstante, el PNV defendió que la reforma no está dirigida contra personas vulnerables, sino contra casos claros de okupación delictiva. "Esta ley no afecta a quienes okupan por necesidad, sino a quienes lo hacen con intención lucrativa o mediante intimidación", explica el portavoz del partido, Aitor Esteban. De hecho, la normativa excluye expresamente a inquilinos que dejaron de pagar el alquiler pero accedieron al inmueble legalmente, así como a familias en riesgo de exclusión que no hayan cometido actos violentos.

 Impacto en el mercado inmobiliario y los propietarios  

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La reforma llega en un momento de alta tensión en el sector inmobiliario español, caracterizado por el encarecimiento de los alquileres y la escasez de vivienda asequible. Según un análisis de WollyHome, las zonas urbanas más afectadas por la especulación habían registrado una reducción del 4% en los precios del alquiler tras la aplicación de controles en áreas tensionadas, pero también un descenso del 10% en nuevas inversiones, lo que exacerbaba la falta de oferta. Para los propietarios, especialmente aquellos con segundas residencias o pisos vacacionales, la okupación ilegal representaba un riesgo financiero y emocional significativo. La nueva ley busca devolverles seguridad jurídica y reducir los costes asociados a litigios prolongados.

Además, la normativa complementa otras medidas de la Ley de Vivienda 2025, como los recargos en el IBI para viviendas desokupadas —hasta un 150% si llevan más de dos años sin uso— y los incentivos fiscales para propietarios que alquilen a precios asequibles 15. Sin embargo, algunos expertos advierten de que la falta de regulación sobre fondos de inversión —principales actores en la compra masiva de inmuebles— podría limitar el alcance de estas reformas.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal representa un avance indiscutible en la protección de los derechos de los propietarios, pero también plantea interrogantes sobre su implementación práctica. Mientras las asociaciones de vecinos y pequeños arrendatarios celebran la celeridad de los nuevos procesos, organizaciones sociales insisten en que el problema de fondo —la falta de acceso a vivienda digna— requiere soluciones estructurales, como la ampliación del parque público y políticas de inclusión social.