Un pueblo de Vizcaya expulsa a los okupas con una medida que cada vez es más eficaz: "Le pidieron una copia de las llaves al vecino"

La okupación ilegal de una vivienda en Portugalete, Vizcaya, se resolvió a mediados de febrero gracias a una rápida y eficaz movilización vecinal. Aunque han pasado más de cinco meses, el caso sigue resonando como ejemplo de cómo la unión de un barrio puede frenar un delito que en muchas ocasiones parece imparable.

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La movilización vecinal logra expulsar a unos okupas en Portugalete: "Ha sido breve pero muy intenso"

Los hechos ocurrieron en un primer piso del número 1C de la calle Mariano Ciriquiain, propiedad de dos mujeres mayores residentes en Burgos que solo visitan esporádicamente la localidad vizcaína. Fue el pasado fin de semana del 10 de febrero cuando varios vecinos detectaron ruidos extraños y comprobaron que varias personas habían allanado la vivienda accediendo por la ventana y cambiando la cerradura. En cuestión de horas, los rumores en el bloque confirmaron lo temido: era un nuevo caso de okupación.

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Uno de los momentos más surrealistas llegó cuando los propios okupas, sin disimulo, llamaron a la puerta de un vecino para pedirle una copia de las llaves del portal. “Nos miraban desafiantes. Ni siquiera tenían cómo entrar y salían por la ventana”, explicaba Ainhize Setién, hija de una familia residente en el edificio.

A partir de ese instante, los vecinos no dudaron: primero confirmaron con las propietarias que la vivienda no había sido alquilada y después, empezaron a difundir el caso por redes sociales, cadenas de mensajes y el tradicional boca a boca. El resultado fue inmediato. Centenares de vecinos salieron a la calle para manifestarse y exigir que se devolviera el piso a sus legítimas dueñas.

La presión surtió efecto. A pesar de la tensión, los okupas fueron abandonando la vivienda poco a poco. La Policía Local de Portugalete jugó un papel determinante en las labores de mediación, convenciendo incluso al último ocupante de que abandonase el inmueble horas antes de una gran concentración convocada frente al portal.

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Cerraduras nuevas y normalidad recuperada

Aunque la respuesta vecinal fue clave, la actuación del Ayuntamiento de Portugalete permitió completar el proceso de forma legal y eficaz. Una vez evacuados los okupas, y tras trasladar las pertenencias abandonadas al juzgado para su custodia, las autoridades facilitaron el acceso a las propietarias para que pudieran cambiar la cerradura.

“Se ha hecho todo lo posible dentro del marco legal para encontrar una solución rápida y pacífica”, afirmó entonces la alcaldesa María José Blanco, que también agradeció el comportamiento ejemplar del vecindario.

Desde entonces, Portugalete ha retomado la tranquilidad. La pancarta de "¡Okupas fuera!" que colgaba del balcón ya no está. La presencia policial se ha retirado y los vecinos respiran aliviados. La localidad ha demostrado que, si bien las leyes actuales pueden suponer un obstáculo, hay herramientas dentro de la legalidad para defender el derecho a la propiedad y la convivencia.

El caso de Portugalete se suma a otros en los que la combinación de presión social, respuesta institucional y cobertura mediática ha impedido que una okupación se prolongue en el tiempo. “Queremos que esto no vuelva a pasar ni en este bloque ni en el pueblo”, insistía Ainhize, en un mensaje claro para cualquiera que piense en repetir la jugada en Vizcaya.

Portugalete ha dejado claro que, cuando el barrio actúa unido, la okupación no tiene futuro.