Multar a los propietarios para impedir la okupación: la insólita medida de este pueblo de Valencia que pueden copiar otros ayuntamientos

Carcaixent se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que muchos municipios españoles observan con preocupación: la okupación ilegal de viviendas. A diferencia de otras localidades, este pequeño municipio de la provincia de Valencia ha optado por un enfoque inédito y controvertido. Su Ayuntamiento aprobará este mes de julio una ordenanza municipal que obligará a los propietarios de viviendas vacías a tomar medidas preventivas contra la okupación. Quienes no lo hagan, se arriesgan a multas de hasta 3.000 euros.

La normativa, impulsada por la alcaldesa Carolina Almiñana y su equipo de gobierno, se presenta como una respuesta contundente al aumento de casos conflictivos, especialmente en inmuebles pertenecientes a grandes tenedores como la Sareb. En algunos de estos edificios, ubicados en la avenida Germanías, se han producido agresiones graves: desde un ataque que dejó a un vecino con la mandíbula fracturada y una pérdida auditiva irreversible, hasta una agresión reciente al concejal de Servicios Públicos, Fernando Sanchis, mientras supervisaba el tapiado de una vivienda.

Medidas obligatorias y régimen sancionador

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La nueva ordenanza establece que todo inmueble que esté vacío durante más de seis meses deberá tapiarse o reforzarse con medidas físicas de seguridad, como rejas, puertas metálicas o alarmas. Estas exigencias no se limitan a particulares: los grandes tenedores, como bancos o fondos de inversión, deberán contratar incluso seguridad privada si el consistorio así lo exige.

Lo más llamativo es el régimen sancionador. Los propietarios que no atiendan los requerimientos municipales podrán ser multados con entre 750 y 3.000 euros, según si han sido avisados previamente. Además, si tras un desalojo no se blinda la vivienda de inmediato, también podrán ser penalizados con el máximo importe. La ordenanza no solo busca la prevención pasiva, sino que agiliza los trámites para desalojar inmuebles okupados, especialmente cuando no son considerados domicilios habituales de los ocupantes.

«Dentro de la poca competencia que tenemos los ayuntamientos en esta materia, esta es una herramienta clave», sostiene la alcaldesa Almiñana. El Ayuntamiento ya ha implementado otras medidas complementarias, como el refuerzo de la Policía Local en los puntos calientes y el control del padrón municipal para evitar empadronamientos masivos sin justificación legal.

Un modelo exportable

La medida ha generado debate, pero también ha despertado el interés de otros ayuntamientos que enfrentan situaciones similares. La insólita decisión de sancionar a propietarios por no evitar okupaciones plantea un giro en la gestión de este fenómeno: no solo se responsabiliza al okupa, sino también al dueño que permite que el inmueble quede desprotegido.

En palabras de la regidora, «hemos llegado a tener hasta 15 personas empadronadas en una sola casa, eso es insostenible». Por ello, desde 2023, Carcaixent solo permite el empadronamiento a quienes puedan acreditar un contrato de alquiler o una escritura de propiedad. Esta política también ha levantado ampollas y ha generado amenazas hacia los responsables municipales, pero no ha frenado su aplicación.

Con esta ordenanza, Carcaixent se coloca a la vanguardia del municipalismo en la lucha contra la okupación, convirtiéndose en un laboratorio normativo que podría inspirar a otros consistorios. Su eficacia dependerá, eso sí, de la coordinación con los juzgados, las fuerzas de seguridad y los grandes propietarios. Pero lo que ya ha conseguido es poner sobre la mesa una reflexión urgente: ¿quién debe hacerse cargo de prevenir la okupación cuando la vivienda queda vacía?