La decisión de un pueblo de Madrid para acabar con la okupación: todas las casas tendrán que instalar esto para frenar a los okupas

La okupación ilegal sigue siendo un problema latente en la Comunidad de Madrid, donde según datos oficiales del servicio 112 Ocupación, se han registrado más de 4.194 llamadas relacionadas con este delito desde su creación en 2022, logrando evitar 44 ocupaciones. Aunque las cifras representan un porcentaje mínimo del parque de viviendas (apenas el 0,01% en el primer trimestre de 2025) el impacto social y psicológico en las víctimas es indiscutible, como ha denunciado repetidamente el Gobierno regional.

En este contexto, Galapagar, un municipio situado a 30 kilómetros de la capital, ha decidido tomar la delantera con un plan pionero para blindar sus propiedades y erigirse como un modelo en la lucha contra la ocupación ilegal.

 Un plan municipal contra okupas

Galapagar ha lanzado una ofensiva sin precedentes que combina medidas preventivas, asesoramiento legal y sanciones contundentes. La piedra angular de su estrategia es la creación de una oficina municipal antiokupación, un servicio gratuito que ofrece orientación jurídica especializada a los vecinos afectados y coordina acciones con juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar los desalojos. "No podemos permitir que la sensación de impunidad siga creciendo. Queremos que Galapagar sea un ejemplo de cómo combatir este problema con herramientas eficaces", explicó un portavoz del ayuntamiento.

Entre las iniciativas más destacadas figura la creación de un censo de viviendas en riesgo, un registro que identificará inmuebles deshabitados o vulnerables para incrementar su vigilancia. Además, el consistorio ha firmado convenios con entidades financieras y grandes propietarios para gestionar de forma proactiva los bienes vacíos y evitar que caigan en manos de ocupas. "La colaboración con bancos es clave. Muchas viviendas okupadas son propiedades embargadas que pasan meses sin supervisión", señaló el mismo portavoz.

El cambio en todas las casas

Pero sin duda, la medida que ha acaparado más atención es la modificación de la ordenanza municipal para obligar a los propietarios a instalar sistemas de seguridad avanzados en sus viviendas. Según la nueva normativa, todas las casas deberán contar con cerraduras reforzadas, puertas blindadas o sistemas de videovigilancia, una exigencia que busca disuadir a los okupas desde el primer momento. "Los okupas prefieren inmuebles de fácil acceso. Queremos que Galapagar sea un territorio hostil para ellos", afirmó una fuente municipal.

La ordenanza también introduce sanciones económicas para quienes incumplan estas medidas, e incluso faculta al ayuntamiento a actuar de oficio en casos de negligencia. "No se trata solo de multar, sino de evitar que los propietarios, por desidia o desconocimiento, faciliten la okupación", añadió la fuente. Expertos consultados por Ok Diario subrayan que estas exigencias son "un paso adelante" en la prevención, ya que el 80% de las ocupaciones se producen en viviendas con medidas de seguridad insuficientes.

 Patrullas preventivas y cortes de suministros  

Otra pata fundamental del plan es la colaboración estrecha con la Guardia Civil, que ha incrementado las patrullas en zonas identificadas como críticas. Además, el ayuntamiento ha coordinado con empresas suministradoras de luz, agua y gas un protocolo para cortar de inmediato los enganches ilegales, una práctica habitual entre los ocupas que genera sobrecostes y riesgos para la comunidad. "Sin suministros, la estancia se vuelve insostenible. Es una forma de presión efectiva y legal", explicó un agente involucrado en el operativo.

 Un modelo replicable en España  

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El caso de Galapagar ha despertado el interés de otros municipios madrileños, que ven en su enfoque multidisciplinar un posible modelo a seguir. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha reforzado su propio plan antiokupación con servicios como el 112 Ocupación, que ofrece asesoramiento jurídico inmediato y atención psicológica a las víctimas.

Sin embargo, las autoridades insisten en que la solución definitiva pasa por reformas legales más profundas, como las incluidas en la nueva ley antiokupas, en vigor desde abril de 2025, que agiliza los desalojos mediante juicios rápidos y elimina el estudio de vulnerabilidad en casos de delito flagrante.

Mientras el debate sobre la eficacia de estas medidas continúa, Galapagar ha enviado un mensaje claro: la okupación ya no será un problema invisible. Con una combinación de tecnología, legislación local y coordinación institucional, este pueblo madrileño aspira a convertirse en el primer municipio "libre de ocupas" de España.