"La infancia migrante que llega a España no siempre tienen todos sus derechos garantizados, así como la infancia con discapacidad"

España ha logrado importantes avances en la protección de los derechos de la infancia en los últimos años, pero todavía enfrenta retos pendientes que impiden garantizar el pleno cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así lo ha explicado Laura Barroso, investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con motivo de la celebración del Día del Niño este 15 de abril. La experta señala que existe una notable diversidad territorial que provoca desigualdades en el acceso a servicios de calidad.

Colectivos vulnerables, la gran preocupación

Uno de los principios fundamentales de la Convención, la no discriminación, no siempre se respeta en el país. Barroso ha puesto el foco en "diferentes perfiles de niños o niñas, o colectivos o grupos que no siempre tienen todos sus derechos garantizados". En concreto, la investigadora ha destacado la situación de la infancia con discapacidad y la infancia migrante que llega a España, colectivos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Puedes informarte sobre la guía para entender la regularización extraordinaria de migrantes.

La infancia con discapacidad puede tener unas mayores dificultades en que se garanticen sus derechos en algunos sentidos"

A estos grupos se suman otras realidades complejas, como los problemas jurídicos que afectan al derecho a la identidad, recogido en el artículo 7. La experta ha mencionado los casos de "niños que pueden ser apátridas o cuando hay gestación por sustitución", situaciones en las que es necesario prestar especial atención porque, según advierte, "no demos todo por hecho".

Una 'regañina' de la ONU a España

Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido una serie de recomendaciones para España tras examinar el cumplimiento de la Convención. Lejos de ser un mero trámite, este proceso, que consulta tanto al Estado como a la sociedad civil y a los propios niños, sirve para "marcar cuál debería ser la agenda". Barroso ha admitido que estas evaluaciones funcionan como un tirón de orejas: "a veces está bien que nos tiren un poco de las orejas para que nos pongamos las pilas y pongamos en marcha medidas eficaces".

Y es que, según la investigadora, hay ámbitos en los que se vulneran claramente los derechos de la infancia en España. "Tenemos unas altas tasas de pobreza infantil en nuestro país", ha afirmado. A esto se añade "un porcentaje muy elevado de niños y niñas que viven en centros residenciales porque han sido separados de sus familias" y unas "cifras muy alarmantes de violencia contra la infancia", incluyendo maltrato, abandono y violencia sexual. Los casos de conducta suicida en menores son un reflejo de esta alarmante situación.

Tenemos unas altas tasas de pobreza infantil en nuestro país"

En este sentido, aunque en 2021 se aprobó una importante ley orgánica para proteger a la infancia frente a la violencia, Barroso ha lamentado que está siendo "muy difícil que se implemente realmente". Parte de los avances incluyen una mayor implicación de los centros escolares en la vigilancia y detección precoz de posibles situaciones de maltrato familiar, aunque queda mucho por hacer para que las medidas de protección sean efectivas y se priorice el acogimiento familiar sobre el residencial.

Retos pendientes: de la justicia a los datos

Otro derecho fundamental, el de participación y a ser escuchado (artículo 12), también encuentra obstáculos. Es complicado que se haga realidad, sobre todo con niños pequeños o con discapacidad. "A veces las personas adultas no somos capaces de de una manera efectiva escuchar las opiniones de los niños y de las niñas", ha reflexionado Barroso. Este reto es especialmente importante en ámbitos como la justicia, donde los procesos pueden ser hostiles para los menores. Es vital recordarles con una simple frase que les puede salvar la vida: 'hola, estoy aquí para ayudarte'.

Para finalizar, la investigadora ha enumerado los grandes desafíos para el futuro. En primer lugar, la necesidad de crear "bases de datos oficiales y estadísticas" para analizar la situación real y diseñar políticas adecuadas. También es clave avanzar hacia una justicia especializada en infancia, que sea "adaptada y amigable". Por último, ha subrayado la importancia de destinar "el presupuesto necesario" para que las leyes se trasladen a la realidad y de evaluar su impacto para corregir el rumbo cuando sea necesario.