Guía para entender la regularización extraordinaria de migrantes: quiénes pueden solicitarla, qué organismo se encarga y qué es el certificado de penales obligatorio

El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria de la que podrían beneficiarse medio millón de inmigrantes bajo nuevas condiciones. En el programa 'La Linterna', el periodista Ángel Expósito, junto a la jefa de Sociedad en COPE, Carmen Labayen, ha explicado las claves de este proceso, que exige como requisito fundamental demostrar la llegada a España antes del 1 de enero de 2026 y una residencia continuada de cinco meses.

¿Quiénes pueden solicitarla y quiénes quedan excluidos?

Podrá acogerse toda persona extranjera mayor de edad que entrara en España antes del 1 de enero de 2026 y acredite cinco meses de permanencia consecutiva. Para probarlo, se admite cualquier prueba válida en derecho que incluya datos personales, como el pasaporte o la cédula de inscripción. Además, los solicitantes deben carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público.

Adicionalmente, los interesados deben cumplir uno de estos tres requisitos: presentar una oferta de trabajo; demostrar que tienen a su cargo hijos menores o ascendientes; o certificar que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este último concepto se define como las circunstancias personales, económicas o sociales que afecten a sus condiciones de vida por su situación administrativa irregular.

Quedan fuera del proceso quienes ya tengan un permiso de residencia o estén en trámites para obtenerlo, así como aquellos con un compromiso de no retorno a España. También se excluye a los ciudadanos ucranianos con protección temporal, para quienes se habilitará una medida específica dentro del Reglamento de Extranjería.

¿Cómo y cuándo se realiza el trámite?

Las solicitudes se podrán presentar entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026. El proceso podrá realizarse de forma telemática o presencialmente en las oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, para lo que será obligatorio solicitar cita previa. La medida, que se publica este miércoles en el BOE, contará con el apoyo técnico de Tragsa para los trámites administrativos.

El Gobierno estima que se tramitarán 750.000 solicitudes y que unos 500.000 extranjeros obtendrán un permiso de residencia y trabajo de un año, válido solo en España. El proceso cuenta con la participación de 150 entidades colaboradoras, en su mayoría organizaciones sociales y sindicales que, como otras entidades de la Iglesia, celebran la regularización.

El certificado de penales, un requisito clave

El texto definitivo del Real Decreto aprobado por el Gobierno incluye una de las principales sugerencias del Consejo de Estado: la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales. Como ha detallado Carmen Labayen, este requisito es indispensable para poder acceder al procedimiento.

No obstante, el Ejecutivo flexibiliza los plazos. Si tras un mes el solicitante no ha recibido el documento, el Ministerio de la Presidencia podrá solicitarlo por vía diplomática, suspendiendo el proceso un máximo de tres meses. El inmigrante deberá presentar el justificante de la solicitud y una declaración responsable. Si la información no llega, el interesado dispondrá de 15 días adicionales antes de que su solicitud quede excluida.

Se van a dar varias posibilidades para conseguir esos certificados de penales, pero finalmente, si no llegan los penales, pues no se va a poder proceder a la regularización""

Xavier Parra, representante de redes en la regularización extraordinaria, ha advertido de la importancia de este documento: "Se van a dar varias posibilidades para conseguir esos certificados de penales, pero finalmente, si no llegan los penales, pues no se va a poder proceder a la regularización".

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha celebrado la medida aunque lamenta que no se haya tramitado en el Parlamento, como pedían las organizaciones impulsoras, y ha recordado la posición que siempre ha mantenido la Iglesia española sobre este asunto.