Alberto Bueno, experto en Seguridad: "Hay cuestiones que quizás no deben conocerse inmediatamente por la propia seguridad de las personas que lo protagonizan, pero es un ejercicio democrático, sano"

¿Dónde estabas tú el 23 de febrero de 1981? Si tienes buena memoria, más o menos, seguro que recuerdas con mucha claridad dónde estabas, qué hacías, y cómo te enteraste del golpe de Estado fallido en el Congreso de los Diputados. Si no habías nacido en ese entonces o eras muy pequeño, no pasa nada, porque tendrás nítida la imagen de Tejero en el hemiciclo, casi como si hubieras estado ahí.

Porque de ese golpe de Estado que consolidó la democracia en España y que mitificó la figura del rey Juan Carlos, se ha hablado largo y tendido. Y como en cualquier evento histórico, sobre todo cuando se trata de nuestro país, surgen miles de teorías de la conspiración. Que si realmente estaba detrás el propio rey Juan Carlos I, o que había un plan para dar a España otro gobierno. 

Más sobre el rey juan carlos I

La desconocida invitación de Pinochet al rey Juan Carlos al margen de Franco que estuvo a punto de aceptar: meses antes de su muerte

Nunca se ha sabido con exactitud y, por eso, muchos han pedido que se desclasificaran esos documentos secretos que podrían aportar mucha luz al tema. Y ahora, Sánchez, ha anunciado que ha llegado el momento. Sin embargo, lo hace, parece ser, como un movimiento estratégico a modo de cortina de humo. Nada nuevo, por otro lado. 

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la desclasificación de los papeles del 23-F. La decisión llega semanas después de que el escritor Javier Cercas se lo pidiera personalmente al presidente Pedro Sánchez en el Congreso, para acabar con los bulos sobre el golpe. Los documentos se harán públicos en la página web de La Moncloa, un gesto con el que el Ejecutivo busca reforzar la transparencia y la memoria histórica 45 años después de la intentona golpista.

Oportuno y oportunista

La medida, sin embargo, ha sido recibida con duras críticas por parte de la oposición, que la considera una maniobra de distracción. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que "no creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23-F". Por su parte, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha calificado la decisión como "un insulto" y ha exigido que, en su lugar, se desclasifiquen "todos los crímenes que ha cometido este gobierno en los últimos 6 años".

Desde la izquierda, la desclasificación se considera insuficiente. Portavoces como Pablo Fernández de Podemos, Antonio Maillo de Izquierda Unida y Enrique Santiago de Sumar coinciden en que la verdadera solución pasa por una reforma integral de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968. Sostienen que no se puede avanzar con "trozos para buscar titulares" y que es necesaria una norma moderna que garantice la calidad de la democracia.

En el programa 'La Tarde' de COPE, los analistas Ana Cabanillas y Fernando Bonete han coincidido en el oportunismo de la medida. Han recordado que Sánchez pidió a sus ministros "medidas muy espectaculares y con repercusión social" que no necesitaran votación en el Congreso. Bonete ha asegurado que Sánchez "es un maestro" en "controlar el relato y elegir de qué se puede hablar", comparando su estrategia con el "'Sálvame' de la política" por su capacidad para generar titulares y desviar la atención de escándalos como el 'caso Koldo' o la situación del exministro Marlaska.

Una ley del franquismo

El experto en Seguridad y profesor de Ciencia Política, Alberto Bueno, ha explicado en el mismo programa que, si bien la transparencia es un "deber", la forma de actuar del Gobierno no es la adecuada. "Qué bueno sería precisamente trabajar bajo las premisas de la ley", ha afirmado, criticando que se haya optado por un decreto en lugar de impulsar la nueva Ley de Información Clasificada, que sigue atascada en el Congreso. Esta discrecionalidad, según Bueno, hace que la línea "entre oportuno y oportunismo" sea "demasiado delgada".

Un secreto oficial, según ha detallado el profesor de la Universidad de Granada, es información generada por el Estado cuya divulgación podría comprometer la seguridad nacional. La clave, ha añadido, es la valoración del riesgo, un concepto subjetivo que, a su juicio, necesita de una autoridad independiente que lo determine. "El secreto es necesario para garantizar la actuación del Estado, pero también abre la puerta a abusos y opacidad", ha advertido, insistiendo en que es un "terreno resbaladizo" que exige madurez institucional.

La nueva ley, actualmente paralizada, establece cuatro niveles de clasificación (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) y plazos máximos que van desde los 4 años hasta un máximo de 65. Tras ese periodo, la desclasificación sería automática, eliminando la arbitrariedad política que, según los expertos, ha marcado las 11 desclasificaciones que se han producido en democracia, como las de la Operación Kitchen o los atentados del 11-M.

Mientras se desbloquean los papeles del 23-F, partidos nacionalistas como el PNV siguen reclamando que se abran los archivos sobre la lucha contra ETA, el caso Lasa y Zabala o los sucesos de Vitoria de 1976. Para Alberto Bueno, la solución definitiva es aprobar una ley con "supuestos claros que determine cuándo se puede hacer y cuándo no", ya que la falta de normas "nos deja sin instrumentos para controlar al poder".