Herrera analiza la pretensión del Gobierno con la desclasificación de documentos clasificados del 23F

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Son las siete de la mañana (las seis en Canarias) y hoy es martes, 24 de febrero de 2026.

Aquí, en el centro de Madrid, nos encontramos para conmemorar el centenario de Banca March, que no se cumple todos los días. Muchos de nosotros no habíamos nacido cuando comenzó su andadura, lo que da idea del tiempo transcurrido desde entonces. A lo largo de la mañana les hablaremos de ello.

Nos espera un día con sol en la mayor parte de España, quizá con algo de nubosidad en las zonas costeras de Galicia, pero sin especial relevancia. Esta mañana nos encontramos con varios asuntos: cortinas de humo, noticias importantes y también efemérides relevantes que paso a relatarles, porque serán, sin duda, el eje de nuestras conversaciones a lo largo de la jornada.

Uno de ellos es la cuestión del 23-F. Pedro Sánchez ha anunciado que desclasificará documentos. Del 23-F sabemos casi todo: se ha escrito abundantemente desde 1981 hasta hoy. Sin embargo, existen algunos documentos de investigación del Centro de Inteligencia e incluso el propio sumario del juicio de Campamento que quizá no estén al alcance general y que podrían completar esa información.

Ahora bien, al desclasificar estos papeles, Pedro Sánchez no busca que los ciudadanos conozcan mejor la historia de España. Sus decisiones responden a una intención política concreta. Probablemente se desclasificarán solo los documentos que convengan, no todos. El Gobierno elegirá cuáles hacer públicos y lo hará para cuestionar el régimen del 78, para atacar a la monarquía y la figura de Juan Carlos I, y para sembrar dudas sobre determinados actores políticos de la época.

Además de constituir una cortina de humo, la maniobra pretende erosionar la credibilidad histórica del sistema constitucional. 

Ese es el núcleo de su discurso: introducir división en la sociedad española utilizando un argumento que, aunque no conduzca a un resultado práctico, genere confrontación. Aunque no pueda derribar la monarquía ni provocar la independencia de ninguna región, el mero hecho de plantearlo ya produce un efecto político, y eso es lo que se persigue. Por tanto, no conviene sobredimensionar la cuestión del 23-F, que no da para tanto.

Otro asunto relevante es el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania. Cuatro años después de aquella sorpresa inicial, cuando Vladímir Putin invadió territorios que consideraba esenciales para su seguridad, se ha comprobado que no fue el paseo militar que muchos pronosticaban. Rusia no logró tomar Kiev y se encontró con la resistencia ucraniana y con el apoyo internacional a Ucrania. También hemos asistido al estupor europeo ante la normalización de una guerra en el continente: a pocas horas de vuelo de nuestras casas, misiles impactan contra colegios, hospitales y viviendas.

En España, además, hay una noticia muy relevante relacionada con el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas. El juez que investiga la tragedia tuvo que amonestar a los responsables de ADIF mediante una providencia por un hecho insólito: exigió la restitución inmediata de piezas que la empresa había retirado del lugar del accidente sin autorización judicial.

El jefe de área de ADIF ordenó verbalmente trasladar los cupones con las soldaduras a las instalaciones de Hornachuelos cuando aún no existía permiso. El cupón es el tramo de carril, de hasta 18 metros, cuyas soldaduras unían los diferentes segmentos y resultaban esenciales para analizar las causas del siniestro. El juez tuvo que reclamar su devolución a la Guardia Civil y enviar un requerimiento a ADIF.