"¿Saldrá en los archivos del 23F algo que pueda dañar a la Corona y a Felipe González, que hoy es enemigo público número uno del sanchismo?"

Jorge Bustos analiza la desclasificación de los papeles sobre el intento de golpe de Estado de 1981

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Seguramente el libro más célebre de no ficción sobre el 23F sea 'Anatomía de un instante' de Javier Cercas. Y fue precisamente Javier Cercas quien le pidió en público a Pedro Sánchez que desclasificase los papeles del 23F, pero no para destapar una supuesta verdad oculta, morbosa, que contradijera la historia que todos conocemos, sino para dejar sin argumentos a los conspiranoicos precisamente que hacen negocio difundiendo bulos sobre la reciente historia de España y sobre el origen de nuestra democracia.

Hay que ser valiente para citarle el evangelio a Pedro Sánchez, pero efectivamente la mentira nos hace esclavos y la verdad nos hace libres. Y la pregunta es, ¿queda alguna verdad relevante por conocer del 23F? ¿Qué documentos exactamente están pendientes de desclasificación a partir de mañana mismo? Pues en concreto falta por conocerse el sumario completo del juicio que se custodia en el Tribunal Supremo. Son 89 páginas que incluyen las grabaciones y las conversaciones. Luego están los archivos que custodia el CNI cuando se llamaba Centro Superior de Información de la Defensa, el viejo CESID, que fue el Servicio de Inteligencia de España entre 1977 y 2002. Y al parecer, esos archivos contienen transcripciones de las escuchas de aquella noche de febrero, de las conversaciones grabadas.

Y por último están las comunicaciones de Casa Real, del Palacio de la Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares. Y contado así suena quizá todo muy peliculero, pero es que esta película que ahora quieren reponernos llega con spoiler, ya sabemos todos el desenlace, así que lo que hay que preguntarse o lo que hay que buscar son otra clase de motivos. Si, tratándose de Pedro Sánchez, cabe preguntarse, ¿saldrá algo que pueda dañar a la corona? ¿Y a Felipe González, que hoy es enemigo público número uno del sanchismo y que estaba en la lista del gobierno de concentración de Armada, el cerebro del golpe detrás de Tejero? ¿Y qué más van a pedir ahora los socios independentistas? ¿Y no es todo esto una operación para que asociemos un futuro gobierno de PP Vox, que llega de forma inminente según las encuestas, a Tejero y compañía? ¿Nuevo relato político para campaña electoral?

Ojo, todo esto no significa que los documentos carezcan de interés. Lo tienen. Claro que sí. Incluso es posible que la transcripción de ciertas conversaciones encierren su dosis de morbo, porque servirán para retratar las distintas actitudes, las distintas reacciones de las autoridades de la época, de los militares de la época. Muchos de esos personajes continúan hoy entre nosotros y, de hecho, el gobierno se reserva la última palabra sobre los documentos concretos que va a desclasificar. No creo que sean todos, pero en general esto tiene un interés básicamente para los historiadores, para los estudiosos del pasado. Y conocemos demasiado bien a Pedro Sánchez como para sospechar que con este movimiento no pretende servir a la verdad sobre nuestro pasado, sino distraernos de sus problemas del presente.

Más denuncias contra el DAO

Y uno de sus problemas, si no es un problema menor, es el caso del DAO, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, mano derecha del ministro Marlaska durante 8 años, acusado de agresión sexual contra una subordinada que tuvo el coraje de grabar su propia violación porque intuyó que iba a suceder y que, sin pruebas, nadie la creería. Bueno, pues resulta que su abogado Jorge Piedrafita, relató ayer en La Tarde de COPE detalles acerca de una segunda víctima del tal J.

Esta sería una modalidad de acoso no sexual, pero acoso. Y esta supuesta víctima no es policía. Hoy mismo le va a entregar a Piedrafita pruebas que según ella vuelven a implicar exDAO, que se le complica su futuro judicial. El abogado denuncia, además, que se ha desatado una cacería interna contra la primera denunciante y avisa de que le han contactado tres agentes más, mujeres las tres, por acosos laborales con tintes sexuales cometidos por la cúpula policial de Marlaska.

Una de estas tres agentes le confesó al abogado que había acudido al canal interno de la policía, pero que al final le hicieron la vida imposible. A ver, de momento no son más que acusaciones, pero en el caso de la primera víctima hay pruebas contundentes, las que grabó ella misma, y en el caso de la segunda mujer afirma que sus pruebas las va a aportar hoy mismo. Por materias menos graves que estas se han abierto comisiones de investigación en España. Yo no sé si esa es la vía para llegar a la verdad, pero empieza a hacer mucha falta, como mínimo, una comparecencia monográfica del ministro del Interior sobre la cúpula policial que él eligió, que él ascendió y que él condecoró.

Pero al parecer, de esos comportamientos indecentes, en la cúpula policial que él eligió, no sabía nada, era el último en enterarse. Pues queremos saber, queremos saber qué protocolos hay para proteger a las denunciantes y por qué ellas temen acudir a los canales internos y denuncian presiones insoportables. Porque no estamos hablando del cártel de Jalisco, estamos hablando, se supone, de la Policía Nacional de la Cuarta Economía del Euro.

Financiación de los medios

Y luego está lo de la publicidad institucional. Hoy el Consejo de Ministros va a proponer que los medios de comunicación no puedan superar el 35% de sus ingresos a través de publicidad institucional. La idea sale del ministerio de Óscar López, pero en realidad aquí está ejerciendo de opositor uso, porque lo que busca es señalar a los medios que reciben publicidad de las administraciones regionales y municipales.

Claro, como el PSOE cada vez tiene menos poder territorial, cree que esta medida le beneficia, pero esta medida tiene que ir dentro de una ley que luego debe presentarse a votación en el Congreso. Y yo dudo mucho que los partidos nacionalistas que son socios del gobierno y sí tienen poder territorial, vayan a votar a favor de que Moncloa les diga dónde poner o no su publicidad institucional. Así que esto huele a enésima bomba ninja para confundir al personal y polarizar el debate.

Por cierto, una aclaración. Los medios nacionales no vivimos de la publicidad institucional. Esa no es la partida más importante. Vivimos de la confianza de los oyentes y del respaldo de los anunciantes. Por ejemplo, del apoyo de instituciones como Banca March que hoy nos acoge y que no necesita que nadie le diga cómo gestionar su inversión publicitaria. Solo faltaba. Las empresas se deben a sus clientes y nosotros nos debemos a nuestros oyentes y esa confianza en una sociedad libre nunca puede depender del gobierno de turno.

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