Paga 3.000 euros al okupa de su casa nueva en Madrid para que se marche y el notario le da una noticia que no esperaba: "En el DNI"

La okupación ilegal sigue siendo una pesadilla para muchos propietarios en la Comunidad de Madrid, donde los datos oficiales revelan un preocupante aumento de casos. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2023 los procedimientos por okupación ilegal en la región tardaron una media de 11,2 meses en resolverse, un plazo que, sumando posibles apelaciones, puede extenderse hasta los 21,5 meses.

Aunque la nueva ley antiokupas de 2025 promete agilizar los juicios rápidos para allanamientos, la realidad sigue siendo compleja, como descubrió Helena Soto, una inversora inmobiliaria que compró una vivienda okupada en Madrid por 26.000 euros y acabó pagando miles más para recuperarla.

 Una inversión en vivienda  

Helena Soto, que compartió su experiencia en Instagram, relató cómo adquirió la propiedad pensando que era una "oportunidad de oro". La vivienda, ubicada en una zona donde los precios rondaban los 40.000 euros, estaba siendo vendida por un banco a un precio rebajado debido a la presencia de un ocupante ilegal. "Los okupas entran en casas de bancos, que luego las venden baratas. Saben que algún inversor les ofrecerá dinero para irse", explicó Soto.

Confiada en que el desalojo sería sencillo, contrató a una empresa especializada en negociar con ocupantes. Pagó 3.000 euros por sus servicios y otros 3.000 directamente al okupa como "incentivo" para que abandonara el inmueble. Sin embargo, en la notaría, recibió una sorpresa que no esperaba: al revisar la fotocopia del DNI del ocupante, descubrió que este estaba empadronado en la vivienda. "Aprendí que los okupas pueden legalizar su situación así", admitió.

 El calvario judicial con los okupas  

Aunque logró acceder a la propiedad, los problemas no terminaron. Con márgenes financieros ajustados, Soto optó por un reformista barato para renovar el piso, pero el contratista abandonó el trabajo a medias, llevándose el dinero y dejando la vivienda en un estado invendible. "Era uno de los barrios más peligrosos de Madrid. Los posibles compradores cancelaban las visitas al llegar", relata.

Durante un año, la inversora vivió en un limbo legal y económico hasta que, finalmente, vendió la casa a unos compradores extranjeros por un precio que apenas cubrió sus gastos. "Aprendí que lo barato sale caro", concluye.

 El fenómeno de la okupación en Madrid  

El caso de Soto refleja un problema creciente en la región. Según el servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, las llamadas por inquiokupación aumentaron un 75% desde su creación en 2022, con distritos como Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel como los más afectados. Además, los expertos advierten de que las mafias están adoptando métodos más sofisticados, incluyendo contratos falsos y empadronamientos fraudulentos para dificultar los desalojos.

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Abogados especializados, como Emilio J. Sánchez de Legalis Defensa, señalan que "las políticas actuales dejan desprotegido al propietario". Aunque la nueva ley agiliza los procesos, la falta de medios judiciales y coordinación policial limita su eficacia.

En cualquier caso, la experiencia de Helena Soto sirve como advertencia para quienes buscan oportunidades en el mercado inmobiliario. "A veces, para crecer, hay que tomar decisiones que pocos se atreven", reflexionó, pero también dejó claro que, sin una evaluación rigurosa de los riesgos, lo que parece un negocio redondo puede convertirse en una pesadilla. Mientras, las autoridades siguen buscando soluciones para un problema que, lejos de desaparecer, se adapta y crece.