Unos okupas denuncian al propietario por lo que hay dentro del inmueble y le piden que les realojen en otra vivienda

La okupación ilegal en España es fuente constante de polémica, pero en Francia también es un problema creciente, con cifras que reflejan la complejidad del fenómeno. Según datos del Ministerio del Interior francés, en 2025 se registraron más de 50.000 denuncias por okupación ilegal, un 12% más que en el año anterior. La región de Île-de-France, donde se ubica París, concentra el 30% de estos casos, convirtiéndose en el epicentro de un conflicto que enfrenta a propietarios, administraciones y ocupantes.

Así, las autoridades reconocen que los desalojos pueden tardar hasta 18 meses en resolverse, mientras los dueños asumen costes como suministros y degradaciones, que superan los 200 millones de euros anuales en todo el país.

En este contexto, un caso insólito ha conmocionado a la opinión pública: unos okupas no solo se instalaron en un local no destinado a vivienda, sino que denunciaron al propietario por las condiciones insalubres del inmueble y exigieron ser realojados a su costa. Según reveló Le Figaro Immobilier, los ocupantes ilegales accedieron al local hace tres años y, pese a carecer de contrato, alegaron ser inquilinos con un acuerdo verbal por el que pagaban 830 euros mensuales en efectivo. Tras este tiempo, presentaron una demanda judicial argumentando que el propietario los había mantenido en un espacio "inhabitable", respaldados por un informe de la Agencia Regional de Salud (ARS) que certificaba la insalubridad del lugar.

 Las quejas de unos okupas al propietario  

El informe de la ARS, solicitado por los propios okupas, fue clave para su estrategia. El documento detallaba problemas estructurales, como humedades y falta de ventilación, lo que llevó a la prefectura de Île-de-France a emitir un decreto de insalubridad. Los ocupantes aprovecharon este fallo administrativo para reclamar un realojamiento inmediato: "El propietario es responsable de nuestra situación y del mal estado del inmueble", afirmaron en su demanda. Sin embargo, el dueño del local, representado por el abogado Romain Rossi-Landi, contrarrestó que las degradaciones fueron provocadas por los ocupantes: "El local estaba en perfectas condiciones antes de su llegada. Son ellos quienes han roto instalaciones y generado desperfectos".

La ley francesa complicó aún más la posición del propietario. Un decreto de insalubridad permite a los inquilinos legales suspender el pago del alquiler sin necesidad de sentencia judicial, un vacío legal que los okupas utilizaron para reforzar su posición. "Hay una presunción que juega en contra del propietario", explicó Rossi-Landi. "Mi cliente ha tenido que luchar simultáneamente contra los ocupantes y contra el Estado, que inicialmente ordenó realojarlos".

 La decisión judicial sobre el realojo  

El caso llegó a la Corte de Apelación de París, que falló a favor del propietario y ordenó la expulsión de los ocupantes. No obstante, la batalla judicial continúa: la validez del decreto de insalubridad sigue pendiente de resolución ante la jurisdicción administrativa. El abogado destacó un matiz crucial: "Al tratarse de un local profesional y no de una vivienda, la anulación del decreto no sería dramática para mi cliente". Aun así, el propietario ha recuperado el inmueble en un estado deplorable, con daños valorados en decenas de miles de euros.

El Ministerio de Sanidad francés intervino con un comunicado dirigido a la corte administrativa, subrayando que "los peligros constatados exigen actuar con celeridad para proteger la salud de los ocupantes, sea cual sea su estatus". Sin embargo, aclaró que no existe obligación de realojar a "falsos inquilinos", en referencia a los ocupantes sin título legal. Esta postura refleja la ambivalencia de las autoridades, atrapadas entre garantizar derechos básicos y proteger la propiedad privada.

 Un fenómeno con raíces profundas  

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Este caso ejemplifica las tensiones derivadas de la crisis de vivienda en Francia, donde el 12.59% de la población es inmigrante y muchos recurren a la okupación por falta de alternativas. Aunque la legislación permite desalojos rápidos en casos de ocupación flagrante (como en las primeras 48 horas), la realidad es más compleja. Organizaciones como la CGT denuncian que la escasez de viviendas sociales, con un déficit estimado en 900.000 unidades, alimenta el conflicto.

Mientras, los propietarios exigen reformas. "Es inaceptable que quienes vulneran la ley acaben victimizándose", declaró un portavoz de la Unión de Propietarios de Île-de-France. El caso del local insalubre podría sentar un precedente, pero también evidencia un sistema judicial sobresaturado y una sociedad dividida entre la solidaridad y el orden público. Para el abogado Rossi-Landi, la solución pasa por "agilizar los procesos y evitar que informes técnicos sean instrumentalizados". Mientras tanto, miles de propiedades siguen en el limbo, esperando una justicia que tarda más en llegar que los propios okupas.