Compra una casa en Alicante y se enfrenta a los okupas tras descubrir en qué trabaja uno de ellos: "Tienes mucha cara"

La provincia de Alicante registró en 2024 un incremento del 7,4% en okupaciones ilegales de viviendas respecto al año anterior, sumando 16.426 casos en toda España, según datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Cataluña lidera este preocupante ranking, pero Alicante no escapa a la tendencia, donde casos como el de Naiara, una joven que adquirió una vivienda okupada, ejemplifican la frustración de los propietarios ante la lentitud judicial y la audacia de los ocupantes.

La historia de Naiara, difundida en un vídeo viral, revela un conflicto que trasciende lo legal para adentrarse en el terreno de lo ético. Hace mes y medio, esta alicantina compró una casa cuyo precio, por debajo del mercado, escondía una trampa: estaba ocupada por un matrimonio con cuatro hijos que, según ella, llevaba 15 años viviendo allí sin pagar. "Los antiguos propietarios eran deudores, pero estos okupas tienen más recursos de lo que aparentan", denunció Naiara en redes sociales.

 La profesión laboral del okupa  

Al llegar a la vivienda, la joven se encontró con una respuesta desafiante: "¿Qué haces aquí?", le espetó la mujer que ocupaba la casa. Naiara, armada con documentos que acreditaban su propiedad y una investigación previa, no dudó en replicar: "Tu marido trabaja en el Ayuntamiento, y tú cobras la ayuda mínima vital. Tienes mucha cara viviendo gratis a costa de los demás". El vídeo, que acumula miles de reproducciones, muestra cómo el marido de la okupa grita desde la ventana: "¡La casa es nuestra!", mientras Naiara les concede "una semana" para desalojar.

La propietaria descubrió que los ocupantes recibían ayudas públicas, desde bonos de supermercado hasta pañales para sus hijos, lo que avivó su indignación: "Si no pueden mantener a cuatro niños, ¿por qué los tienen?". El conflicto escaló cuando el hombre le lanzó objetos desde el interior, un gesto que quedó registrado en el vídeo y que podría constituir un delito de coacciones.

 La polémica salida: 2.500 euros de por medio  

Pese a la firmeza de Naiara, el desenlace no fue inmediato. Tras semanas de presión mediática y legal, los okupas aceptaron abandonar la vivienda, pero con una condición: 2.500 euros como "compensación". La joven accedió, aunque reveló un dato crucial: "La verdadera deudora es la tía de esta mujer, que perdió la casa hace 15 años. Ellos la okuparon después". Este matiz complica el caso, pues evidencia cómo las ocupaciones se prolongan durante años, entrelazando deudas familiares y vacíos legales.

 La "ley antiokupas" y sus limitaciones  

La reforma penal de abril de 2025, conocida como "ley antiokupas", prometía agilizar los desalojos mediante juicios rápidos (15 días en casos de usurpación) y penas de prisión para ocupantes violentos. Sin embargo, expertos como Carmen Giménez, abogada de G&G Abogados, advierten de que la norma no aplica a "inquiokupas", inquilinos que dejaron de pagar, ni a situaciones de vulnerabilidad, y depende de pruebas contundentes para actuar.

En el caso de Naiara, la ley no evitó el pago compensatorio, una práctica común que, según José Ramón Zurdo de la Agencia Negociadora del Alquiler, “premia la ilegalidad”. Además, la saturación judicial en Alicante (donde el paro alcanza el 15,5%) ralentiza los procesos, empujando a propietarios a soluciones extrajudiciales.

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Paradójicamente, mientras la provincia vive un repunte económico, con un 10,9% más de recaudación y un sector inmobiliario en alza, casos como el de Naiara reflejan una brecha en la protección de la propiedad. Las okupaciones suelen concentrarse en viviendas vacías, algo frecuente en zonas turísticas como Alicante, donde la demanda de alquiler vacacional dispara los precios y deja pisos deshabitados fuera de temporada.

En cualquier caso, la viralización del vídeo de Naiara ha reabierto el debate sobre la okupación en España. Mientras las autoridades insisten en denunciar pronto y contratar seguros antiokupas, propietarios como ella cuestionan un sistema que les obliga a negociar con quienes vulneran la ley. "Al final, recuperé mi casa, pero ¿a qué precio?", se pregunta la joven, cuya experiencia es solo un episodio más de una crisis que, lejos de resolverse, se cronifica.