Okupan una vivienda en Pontevedra y ponen una única condición para marcharse: cuesta poco más de 15 euros

La okupación ilegal de viviendas sigue siendo un problema creciente en España, y Galicia no es una excepción. En los últimos años, los casos de usurpación de propiedades y los conflictos entre propietarios e inquilinos ilegales se han multiplicado, generando un clima de tensión social y descontento con las instituciones. Sin embargo, un reciente episodio en la provincia de Pontevedra ha sorprendido por su desenlace inusual: los okupas accedieron a abandonar la vivienda a cambio de un taxi que les llevara a la estación de autobuses, un gasto que no superó los 15 euros.

El caso ocurrió en enero en el municipio de Poio, concretamente en la localidad de Combarro, donde una pareja se instaló ilegalmente en una vivienda valorada en 250.000 euros. Los propietarios, al descubrir la intrusión, se encontraron con la cerradura cambiada y sin posibilidad de recuperar su propiedad por la vía rápida. La Policía Local de Poio logró identificar a la mujer, pero el proceso judicial se alargaba mientras la tensión en el vecindario aumentaba. Fue entonces cuando más de 50 vecinos se congregaron frente a la casa en señal de protesta, un movimiento que, sumado a la mediación del alcalde, Ángel Moldes, aceleró la resolución del conflicto en apenas cuatro días.

La condición que pusieron los okupas para abandonar el inmueble fue tan sencilla como inesperada: un taxi que les trasladara hasta la estación de autobuses de Pontevedra. Horas antes, la Grúa Municipal había retirado su vehículo por carecer de seguro, dejándolos sin medio de transporte. En declaraciones a La Voz de Galicia, la mujer explicó que había recurrido a la ocupación tras pasar un año durmiendo en una furgoneta.

Asegura que, antes de perder su empleo por una lesión en el hombro, pagaba un alquiler de 500 euros, pero su situación económica y la enfermedad de su hijo, que requiere silla de ruedas debido a una esclerosis, la llevaron a una situación desesperada. “Somos gente buena, no somos gente mala”, insistió, pidiendo anonimato y expresando su deseo de acceder a un piso social de 250 euros, un precio que consideraba asumible.

La okupación en Pontevedra en cifras

Este caso se enmarca en un escenario más amplio de ocupación en Galicia, donde la provincia de Pontevedra destaca por su dinamismo económico y turístico, pero también por las tensiones en el mercado inmobiliario. Según datos recientes, Pontevedra es la provincia gallega que más empleo genera, con 64,5 puestos de trabajo por cada 100 habitantes, muy por encima de la media autonómica. Sin embargo, este crecimiento no ha evitado que la okupación ilegal sea un fenómeno en aumento, especialmente en zonas con alta demanda turística, como Sanxenxo o Vigo, donde los precios de alquiler se han disparado.

A nivel autonómico, Galicia registró un descenso del 15,7% en el paro interanual hasta el primer trimestre de 2025, según la EPA, pero el empleo precario y la falta de viviendas asequibles siguen siendo factores clave en la ocupación. En Pontevedra, la presión turística, con más de 1,8 millones de visitantes en 2024, ha agravado el problema, ya que muchos propietarios optan por destinar sus inmuebles al alquiler vacacional en lugar de al mercado residencial, reduciendo la oferta disponible.

A diferencia de otras comunidades, Galicia no cuenta con una legislación específica contra la okupación, lo que obliga a los afectados a recurrir a la vía penal o a la mediación vecinal, como ocurrió en Poio. Fuentes del Ayuntamiento de Pontevedra destacan que, aunque los casos son minoritarios, la colaboración entre vecinos y autoridades locales es crucial para resolverlos con celeridad.

Un final atípico, pero esperanzador

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El desenlace del caso de Poio es excepcional en un contexto donde las desocupaciones suelen prolongarse meses e incluso años. Según expertos jurídicos, la clave estuvo en la presión vecinal y la voluntad de diálogo del alcalde, que evitó una escalada de conflictos. "Cuando la comunidad se une y las administraciones actúan con agilidad, se pueden encontrar soluciones rápidas", señaló un portavoz de la Asociación de Afectados por la Ocupación de Galicia.

No obstante, el episodio también pone de relieve las carencias del sistema. La mujer ocupante reclamaba acceso a una vivienda social, un recurso escaso en Galicia, donde solo el 34% de las viviendas protegidas previstas en el plan de la Xunta para 2025 están en construcción o tramitación. El presidente Alfonso Rueda ha prometido duplicar el parque público de viviendas, pero proyectos como el de Valdecorvos (54 viviendas) aún están en fase de licitación.

Mientras tanto, casos como el de Poio sirven de recordatorio de que, detrás de muchas ocupaciones, hay situaciones de vulnerabilidad extrema. Como señaló la mujer involucrada: «No queremos molestar, pero no teníamos otro sitio adónde ir». Una reflexión que invita a abordar el problema no solo desde la seguridad, sino también desde políticas sociales que eviten que historias como esta se repitan.