Okupa una vivienda de Alicante y contrata este servicio para poder quedarse en ella: cada vez más habitual en España

La okupación ilegal de viviendas sigue siendo un problema creciente en Alicante y la Comunidad Valenciana. Según datos oficiales, en 2024 se registraron 1.767 denuncias por okupación en la región, un aumento del 537% desde 2010, cuando solo hubo 277 casos. En la provincia de Alicante, las cifras son especialmente preocupantes: 619 denuncias en 2023, con 53 viviendas ocupadas ilegalmente en venta solo en la capital. Pese a la puesta en marcha de medidas como la Oficina Antiokupación de Alicante, operativa desde noviembre de 2024, el fenómeno se sofistica, con tácticas como el empadronamiento fraudulento para consolidar la posesión de inmuebles ajenos.

Un caso paradigmático

El Debate ha tenido acceso a un caso que ejemplifica esta tendencia. Una mujer española y su pareja, un ciudadano magrebí en situación irregular, ocupan ilegalmente una vivienda en Alicante. Para legitimar su estancia, intentaron empadronarse presentando una factura de internet a nombre de la mujer y un contrato de alarma instalado en el domicilio. Ninguno de los dos es propietario ni arrendatario del inmueble, pero la legislación actual permite el empadronamiento con solo acreditar residencia mediante suministros, sin exigir prueba de propiedad o alquiler legal.

La estrategia no es inocua. El padrón municipal es la llave para acceder a ayudas sociales, servicios públicos y, en el caso de extranjeros irregulares, puede ser el primer paso hacia la regularización por arraigo. Basta demostrar tres años de residencia continuada —avalada por el padrón— para iniciar trámites de legalización, incluso si esa residencia se originó en una vivienda usurpada. "Ahora se oyen muchas cosas", justificó la mujer ante el Ayuntamiento, refiriéndose al contrato de la alarma, según fuentes consultadas por El Debate.

El fracaso de las oficinas antiokupación

Este intento de empadronamiento contrasta con el escaso impacto de la Oficina Antiokupación de Alicante, inaugurada en noviembre de 2024 con el respaldo de Vox. Pese a su promesa de asesoramiento integral las 24 horas, en ocho meses solo ha registrado ocho atenciones, según datos del Consistorio. La portavoz socialista Ana Barceló ha tildado el servicio de "chiringuito político" creado para "agitar el miedo sin base estadística real".

La crítica se extiende a la Generalitat Valenciana, cuyo Plan Integral contra la Ocupación, presentado en junio de 2025, incluye una red de oficinas de atención a víctimas y formación policial. Carlos Mazón, presidente autonómico, denunció que más del 10% de las viviendas públicas valencianas (1.800 de 15.000) estaban ocupadas al asumir su gobierno, y reclama al Ejecutivo central la derogación de la Ley de Vivienda por "proteger más al ocupante que al propietario".

Un blindaje administrativo explosivo

El caso de Alicante revela una paradoja legal: mientras las administraciones empadronan a ocupantes para garantizar derechos básicos (sanidad, educación), los propietarios legítimos quedan desprotegidos. La Ley de Protección de Datos impide a estos últimos conocer quién figura en el padrón de su vivienda, lo que dificulta acciones legales. "Es un círculo perverso: el okupa gana tiempo para consolidarse, mientras el dueño ni siquiera puede identificar a los ocupantes", explica un asesor inmobiliario alicantino.

La nueva Ley Antiokupación de abril de 2025 intenta frenar estas prácticas prohibiendo el empadronamiento en viviendas usurpadas y agilizando los desalojos a 48 horas si se detecta la ocupación en fase temprana. Sin embargo, expertos como Julián de la Peña, presidente de Inmoadal, advierten de que "sin medidas correctoras más duras, como imitar el modelo italiano, que penaliza la okupación con hasta 7 años de cárcel, el problema seguirá creciendo".

Más sobre okupas

Okupan su casa en Getafe y cuando la recupera descubre que habían tirado un objeto que valía más que el dinero

Un fenómeno en expansión

Pese a que partidos como el PSOE minimizan la magnitud del problema, la realidad muestra una escalada. En Torrevieja (Alicante), 25 viviendas están ocupadas ilegalmente; en Orihuela, 23. Empresas como Desocupa24horas reportan un aumento de casos donde los ocupantes negocian su salida "solo para mudarse a otra propiedad", en lo que ya se denuncia como "mafias organizadas".  

Así, el caso de la mujer española y su pareja magrebí no es aislado. Refleja una estrategia repetida en ciudades como Valencia, donde la alcaldesa María José Catalá alertó de que "10.000 propietarios no alquilan sus viviendas por miedo a la inquiocupación", inquilinos que dejan de pagar pero no se van. Mientras, la oficina antiokupación de Alicante, con solo ocho intervenciones en ocho meses, parece confirmar que las soluciones institucionales aún están lejos de frenar una crisis que sigue erosionando la seguridad jurídica y el mercado inmobiliario.