Okupa una casa en Francia y la profesión del propietario hace que la desalojen de manera express: "Me equivoqué"

La okupación ilegal en Francia ha evolucionado más allá de las viviendas urbanas, extendiéndose a bosques, embarcaciones y piscinas privadas, según reportes recientes de medios locales. Este fenómeno, que afecta a propietarios rurales y urbanos por igual, ha dejado pérdidas económicas devastadoras y un vacío legal que dificulta los desalojos. Solo en 2025, las denuncias por ocupaciones ilegales en terrenos no edificados aumentaron un 30%, según datos del Ministerio del Interior francés.

Aunque en 2023 el Parlamento aprobó una ley antiokupación que prevé penas de hasta tres años de prisión y multas de 45.000 euros, su aplicación sigue siendo limitada en casos atípicos, como ocupaciones en zonas forestales o segundas residencias.

El caso de Marion: una cadena de okupaciones fallidas

El 3 de agosto de 2025, Marion (39 años) forzó la persiana de una vivienda en una localidad costera cerca del Mediterráneo, creyendo que estaba deshabitada. Sin embargo, su plan se truncó al descubrir que el propietario era un magistrado de Nimes, conocedor de los procedimientos legales contra la okupación. Inmediatamente, interpuso una demanda que derivó en un juicio expedito en el Tribunal Judicial de Montpellier.

La sentencia, emitida esta semana, condenó a Marion a seis meses de prisión, suspendidos durante dos años bajo condiciones estrictas: tratamiento obligatorio por adicción a las drogas (heroína y cannabis) y prohibición de acercarse a las víctimas. Según el fiscal, "la señora es drogadicta y presenta un riesgo de reincidencia". Si incumple las condiciones, enfrentará la ejecución de la pena y la tutela de su hija de 17 años.

Caos y cohabitaciones forzadas

Este no fue el primer intento de ocupación de Marion. En noviembre de 2023, se alojó con su hija en la casa de Christophe, un hombre con trastorno bipolar en Saint-André-de-Sangonis (Hérault), quien accedió a acogerlas temporalmente por compasión. Sin embargo, la situación se descontroló cuando la pareja de Marion, su perro, ocho gatos y un hurón se sumaron a la cohabitación. Christophe, incapaz de convivir con el caos, abandonó su hogar pero siguió pagando el alquiler. Su madre denunció los hechos: "Ya no podía volver a casa de su hijo".

Tras el desalojo meses después, Christophe regresó a una vivienda devastada: heces en suelos y paredes, orina en la bañera y daños estructurales. Marion intentó justificarse: "Me equivoqué, estaba pasando por una mala racha". Pese a los destrozos, el tribunal la absolvió de los cargos por ocupación ilegal en este caso, al haber entrado con consentimiento inicial. No obstante, se le prohibió acercarse a Christophe.

Posteriormente, Marion y su familia se trasladaron a la casa de Clément, otro particular que les brindó refugio temporal. Clément logró expulsarlas en abril de 2025 tras conflictos similares. Aunque también fue absuelta por la ocupación de este domicilio, el tribunal le prohibió cualquier contacto futuro con él.

Implicaciones legales y sociales

El caso de Marion refleja las grietas del sistema legal francés frente a la okupación. La ley antiokupación de 2023, diseñada para agilizar desalojos y penalizar a intrusos, muestra limitaciones en casos donde no media la fuerza inicial para entrar. Como señaló la abogada Pauline Declerck en Maison & Travaux, "la dificultad radica en demostrar la identidad de los okupas y probar el allanamiento".

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Además, la situación de Marion (con adicciones, problemas de salud mental y una hija adolescente) ilustra el perfil de muchos ocupantes: personas en situación de vulnerabilidad que recurren a medidas desesperadas. Asociaciones como Droit au Logement (DAL) advierten que la criminalización de la pobreza podría agravar el sinhogarismo.

Así, la okupación en Francia ya no se limita a pisos urbanos. Medios como Capital reportan ocupaciones en bosques, donde propietarios como Alain (en Ille-et-Vilaine) sufren raves clandestinas que atraen a miles de personas y causan daños irreparables. Embarcaciones en puertos como el Arsenal de París y piscinas privadas también son objetivos frecuentes. En muchos casos, la falta de testigos y cámaras de seguridad impide identificar a los responsables, dejando a los dueños con pérdidas económicas que alcanzan los seis dígitos.

Un problema multifacético

El caso de Marion y el magistrado de Nimes ejemplifica la complejidad de la okupación en Francia: un entrelazamiento de vulnerabilidad social, vacíos legales y derechos de propiedad. Mientras el gobierno debate nuevas leyes de inmigración y seguridad para 2025, propietarios y autoridades exigen soluciones adaptadas a realidades cambiantes. Como resume el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti: "La ley debe proteger a los propietarios sin sacrificar la protección de los ocupantes de buena fe".

Para Marion, la sentencia supone una oportunidad para rehabilitarse, o una condena a prisión si falla. Para la justicia francesa, es otro caso que prueba la eficacia de sus herramientas frente a una crisis que no deja de evolucionar.