Un juez confirma que se puede echar a un okupa en menos de 24 horas si cumples con una condición: hay un procedimiento expreso

En España, el problema de la okupación sigue generando titulares y preocupaciones. No es solo una cuestión de viviendas vacías: cada vez son más los casos de inquiokupación, cuando un inquilino deja de pagar pero se niega a abandonar el piso. Esta situación desespera a miles de propietarios, que ven cómo su propiedad queda bloqueada durante meses —o incluso años— mientras el proceso judicial avanza con una lentitud desesperante.

Frente a lo que ocurre en otros países europeos, donde estos casos se resuelven en pocos días, en España muchos afectados sienten que los okupas juegan con ventaja. El propio magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, lo resume así: “Es un problema que solo tenemos aquí en la forma en la que se produce. En otros países se resuelve en 72 horas, como debe ser”.

VICENTE MAGRO EXPLICA LO QUE HACER ANTE UN INQUIOKUPA

Magro, que acaba de publicar el libro Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble, asegura que sí existe un mecanismo legal para actuar con rapidez… pero hay que cumplir una condición clave: llevar el caso por la vía penal.

Esto, explica, puede aplicarse en situaciones de inquiokupación, es decir, cuando el inquilino firma el contrato pero, al poco tiempo, deja de pagar y se queda en la vivienda. En la mayoría de casos se tramita como un impago de renta, lo que deriva en un largo proceso civil. Sin embargo, si desde el primer momento se demuestra que el ocupante firmó con la intención de no pagar, el caso puede considerarse una estafa.

Según Magro, al tratarse por la vía penal se pueden solicitar medidas cautelares inmediatas, como el desalojo exprés. Y en ese escenario, un juez podría ordenar la expulsión en menos de 24 horas. “Si yo contrato una vivienda, pago la fianza y el primer mes, y al segundo ya dejo de pagar porque desde el principio sabía que no lo haría, estamos ante un engaño. Y el engaño es una estafa”, insiste el magistrado.

Uno de los grandes frenos para estos desalojos rápidos es la declaración de vulnerabilidad de los okupas. Este informe, emitido por los Servicios Sociales, puede retrasar la expulsión durante meses.

“Si yo contrato una vivienda, pago la fianza y el primer mes, y al segundo ya dejo de pagar porque desde el principio sabía que no lo haría, estamos ante un engaño. Y el engaño es una estafa"

Vicente Magro

Magistrado del Tribunal Supremo

la propuesta de magro para acabar con la okupación en españa

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Magro denuncia que en muchos casos esta vulnerabilidad se concede por teléfono, sin verificar realmente la situación económica o social del ocupante. Por eso reclama que haya un filtro más riguroso para evitar abusos: “La Ley debería establecer mecanismos de comprobación y no dar por supuesta la vulnerabilidad”.

Esto es clave, porque aunque la vía penal permite desalojos exprés, un informe de vulnerabilidad puede suspender la ejecución, dejando al propietario en el mismo punto de partida.

El magistrado propone que España adopte una Ley Integral contra la okupación, que regule de forma unificada tanto los casos de ocupación ilegal como la inquiokupación. Esta ley, dice, debería fijar plazos máximos y procedimientos claros para que el propietario recupere su vivienda de forma rápida y segura.

En países como Italia, Francia o Alemania, estos procedimientos están perfectamente definidos y la recuperación del inmueble se produce en días. Magro insiste en que es una cuestión de seguridad jurídica y de garantizar que la propiedad privada, protegida por la Constitución, no se vea vaciada de contenido por los vacíos legales.

Muchos propietarios desconocen que esta vía penal existe y que puede ser decisiva. De hecho, Magro señala que la falta de información y asesoramiento hace que la mayoría acabe acudiendo a la vía civil, más lenta y desesperante.

El procedimiento penal, explica, exige demostrar la intención fraudulenta desde el inicio. Esto se puede lograr con pruebas como mensajes, grabaciones, antecedentes del ocupante o testigos que indiquen que, en el momento de firmar el contrato, ya había intención de incumplirlo.

La recomendación del juez es clara: ante un caso de inquiokupación, no resignarse a esperar años. Si hay indicios de estafa, acudir a la vía penal y pedir medidas cautelares inmediatas. Esto puede marcar la diferencia entre recuperar la vivienda en un día… o perderla durante años.

Magro insiste en que la aplicación de este procedimiento no solo protege al propietario, sino que también envía un mensaje claro: la okupación ilegal no puede ser un negocio rentable ni un acto sin consecuencias.