La Seguridad Social confirma que no habrá jubilación a los 65 años para quienes no cumplan este requisito a partir de 2026

La Seguridad Social ha oficializado los cambios normativos que regirán el acceso a la jubilación a partir de 2026, confirmando que los trabajadores que no acrediten un mínimo de 38 años y tres meses de cotización no podrán jubilarse a los 65 años, sino que deberán esperar hasta los 66 años y diez meses. Esta medida, enmarcada en la reforma de pensiones iniciada en 2011, busca garantizar la sostenibilidad del sistema en un contexto de envejecimiento poblacional y presión creciente sobre las arcas públicas.

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Un sistema dual de edad y cotización

El modelo vigente establece dos edades ordinarias de jubilación en función de los años cotizados. Según la Ley 27/2011, actualizada por el Real Decreto-ley 2/2023, los trabajadores con carreras laborales extensas y estables podrán acceder a la jubilación a los 65 años, mientras que aquellos con trayectorias irregulares o insuficientes verán retrasado su retiro. En 2026, la barrera se sitúa en 38 años y tres meses de cotización: quienes no alcancen este umbral deberán trabajar hasta los 66 años y diez meses, una diferencia de casi dos años respecto al grupo privilegiado.

Este endurecimiento progresivo, que culminará en 2027 con la elevación de la edad máxima a 67 años para quienes no cotizen 38 años y seis meses, refleja el esfuerzo del legislador por adaptar el sistema a la realidad demográfica española. Según datos oficiales, el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad han disparado el gasto en pensiones, exigiendo ajustes estructurales para evitar desequilibrios en las cuentas públicas.

Impacto directo en los trabajadores

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Las nuevas reglas afectarán especialmente a quienes hayan sufrido interrupciones laborales, contratos temporales o periodos de desempleo en su trayectoria profesional. Por ejemplo, un trabajador que en 2026 cumpla 65 años pero solo haya cotizado 37 años y medio no podrá jubilarse inmediatamente: deberá permanecer en activo hasta acumular los 38 años y tres meses requeridos, lo que podría suponer meses adicionales de trabajo. Para aquellos con cotizaciones inferiores a 36 años y tres meses, la espera se alargará hasta 2028.

La reforma también introduce cambios en el cálculo de la base reguladora de la pensión, mediante la implementación de un modelo dual que permitirá a los trabajadores elegir la fórmula más beneficiosa. Según el Real Decreto-ley 2/2023, promovido por el exministro José Luis Escrivá, las opciones serán:

• Sistema tradicional: división entre 350 de la suma de las últimas 300 bases de cotización (equivalentes a 25 años).

• Nuevo sistema: división entre 352,33 de la suma de las 302 bases de cotización más altas de los últimos 304 meses (25 años y 4 meses, descartando los dos peores meses).

Este enfoque, que se aplicará automáticamente para favorecer al pensionista, beneficiará especialmente a quienes tengan carreras irregulares, ya que permitirá eliminar los periodos con menores cotizaciones. La transición hacia el nuevo modelo será gradual: entre 2026 y 2044, se irán ampliando progresivamente los meses computados hasta alcanzar los 29 años (348 meses) con exclusión de los 24 peores meses (2 años).

Jubilación anticipada y ajustes adicionales

Los trabajadores que cumplan el requisito de cotización mínima (38 años y tres meses en 2026) podrán optar por la jubilación anticipada hasta dos años antes de su edad ordinaria. Así, quienes tengan derecho a jubilarse a los 65 años podrán hacerlo a los 63, aunque con una reducción en la cuantía de la pensión que oscila entre el 21% (si se adelanta 24 meses) y el 3,26% (si se adelanta un mes). Para quienes deban esperar hasta los 66 años y diez meses, la jubilación anticipada será posible a partir de los 64 años y diez meses.

Paralelamente, la Seguridad Social ha oficializado medidas de protección para colectivos vulnerables. Las empleadas del hogar, por ejemplo, podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años incluso sin cumplir el periodo mínimo de cotización, una decisión que busca paliar la precariedad histórica de este sector.

Críticas y desafíos pendientes

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La reforma ha generado debate entre economistas y sindicatos. Mientras el Gobierno insiste en que es esencial para la sostenibilidad del sistema, críticos como el economista Gonzalo Bernardos advierten de que España podría necesitar elevaciones adicionales de la edad de jubilación, siguiendo el ejemplo de Dinamarca (que planea llegar a los 70 años en 2040). Además, organizaciones laborales denuncian que algunas empresas aprovechan las bajas médicas para despedir a trabajadores, dificultando aún más la completitud de las cotizaciones.

En este contexto, los expertos recomiendan a los trabajadores planificar su jubilación con antelación, revisar su historial de cotizaciones y estar alerta a prácticas empresariales abusivas. El Ministerio de Seguridad Social, por su parte, ha habilitado herramientas digitales para facilitar la consulta de datos y trámites.

Así, los cambios de 2026 reflejan la evolución del sistema de pensiones español hacia un modelo que premia la estabilidad laboral pero castiga la irregularidad. Con la implementación del cálculo dual y el endurecimiento de los requisitos de edad y cotización, la Seguridad Social busca equilibrar la equidad y la sostenibilidad. Sin embargo, el éxito de estas medidas dependerá de su capacidad para adaptarse a realidades laborales cada vez más fragmentadas y para proteger a los colectivos más vulnerables. Para los trabajadores, la mensaje es claro: en la era de las pensiones condicionadas, cada mes de cotización cuenta.