Hacienda indemniza con 320 millones de euros a los afectados por el 'modelo 720': qué españoles se benefician y cómo reclamar

El Tribunal Supremo se enfrenta a una decisión clave en los próximos meses: determinar si la Agencia Tributaria debe indemnizar a miles de contribuyentes afectados por el polémico modelo 720, declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2022, y que no reclamaran en su momento. Mientras Hacienda ya ha devuelto más de 320 millones de euros a quienes recurrieron a tiempo, un grupo de afectados, que no impugnaron las sanciones en su momento, exige ahora compensaciones por daños.

Su lucha, liderada por el abogado Alejandro del Campo, podría costarle al Estado "cientos de millones" adicionales, según estimaciones jurídicas.

 El problema con el modelo 720  

El modelo 720, implantado en 2012 bajo el mandato del entonces ministro Cristóbal Montoro, obligaba a declarar bienes en el extranjero superiores a 50.000 euros bajo amenaza de durísimas sanciones: multas del 150% del valor no declarado y recargos del 20%, además de considerar las rentas no declaradas como "ganancias patrimoniales no justificadas", imprescriptibles fiscalmente.

En enero de 2022, el TJUE tumbó el modelo por violar la libre circulación de capitales y por su carácter "desproporcionado". La sentencia obligó a España a eliminar las sanciones abusivas y a devolver lo cobrado indebidamente. Sin embargo, el fallo dejó un fleco pendiente: ¿qué ocurre con quienes pagaron sin reclamar?.

 La vía para reclamar a Hacienda  

Alejandro del Campo, abogado que logró anular el modelo 720 ante el TJUE, ha liderado desde 2022 una estrategia jurídica para exigir indemnizaciones a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Su argumento: España infringió el derecho comunitario y debe reparar a todos los afectados, incluso a quienes no recurrieron a tiempo.

Y es que, en mayo y octubre de 2024, el Consejo de Ministros denegó las solicitudes, alegando que los contribuyentes fueron "negligentes" al no impugnar las autoliquidaciones. La Abogacía del Estado insiste en que "quienes no actuaron contra la ley no pueden reclamar ahora". Entonces Del Campo llevó el caso al Tribunal Supremo, que deberá resolver si el Estado debe indemnizar. "El fallo llegará en meses", adelanta el letrado, quien espera un precedente similar al caso Francovich, donde el TJUE consagró el derecho a compensación por violaciones del derecho europeo.

En cualquier caso, la sentencia del TJUE de junio de 2022 ya criticó los requisitos "excesivamente restrictivos" de España para exigir responsabilidad patrimonial, como exigir una sentencia previa del tribunal europeo o plazos de prescripción de solo un año.

 El giro del Trbiunal Supremo  

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Mientras los afectados esperan la sentencia, un cambio jurisprudencial del Supremo ha complicado el escenario. En enero de 2023, el tribunal revirtió su propia doctrina y decidió que los intereses de demora abonados por Hacienda deben tributar como renta general (hasta el 54%), no como renta del ahorro (19-28%). Esto significa que el Estado recupera casi la mitad de lo que paga en indemnizaciones.

"Es un bandazo salvaje", denuncia Del Campo. "Clientes que recuperaron 80.000 euros en intereses tras años de pleito ahora deben pagar el 50% en impuestos, sin poder deducir gastos como honorarios de abogados".