Verónica Guerrero, abogada, aclara el fallo en las pulseras para maltratadores: "Saltaba la alarma, pero no pueden demostrarlo"

La abogada Verónica Guerrero, entrevistada en El Cascabel de TRECE, advirtió de la grave desprotección que han sufrido numerosas víctimas de violencia machista a raíz de la pérdida de datos de las pulseras telemáticas de control. Según explicó, estos dispositivos permiten rastrear en tiempo real tanto la ubicación del agresor como de la víctima: “Ese sistema funciona como una señal de corto alcance que, a través del GPS, informa al centro Cometa, que trabaja 24 horas del día, 365 días del año”. 

Las pulseras sí funcionaron, pero se perdió la prueba clave 

Sin embargo, los fallos en la migración de datos entre dos empresas proveedoras habrían provocado la desaparición de información clave para los procesos judiciales. Guerrero recordó que en la mayoría de los casos los registros de las pulseras son la prueba fundamental para demostrar un quebrantamiento de orden de alejamiento: “Me atrevo a decir que en un 80 o 90% de los casos no hay más prueba, porque muchas veces ni la propia víctima llega a enterarse de que el agresor está merodeando”.

Guerrero subrayó que el problema no fue que las pulseras dejaran de funcionar, sino que los datos no se guardaron durante la migración entre proveedores. La alarma saltaba cuando el agresor se acercaba, pero esa información desaparecía con el paso de los meses y no podía presentarse en juicio. “Yo denuncio unos hechos que ocurren en febrero de 2024, pero a lo mejor el juicio es al año siguiente. Cuando se quiere recabar la información que prueba el quebrantamiento, ya no está disponible. Y entonces se pierde la prueba que es fundamental en la mayor parte de los casos”, explicó. Esto implica que muchos maltratadores que sí fueron denunciados por saltarse la orden de alejamiento han quedado absueltos —o pueden serlo— porque no existe registro del delito.   

“Ocultar y mentir”

La letrada criticó duramente que el Ejecutivo no informara con inmediatez de lo ocurrido: “¿Cómo nos enteramos en septiembre de 2025 de algo que pasa en 2024? Si tanto nos protegen, que lo digan desde el minuto uno. Ojo, cuidado, que hemos perdido los datos. Porque si lo primero son las víctimas, no te lo callas”.

Para Guerrero, la gestión del caso se resume en una estrategia de “ocultar y mentir”: “Mentir no, porque ni siquiera lo dicen, solo ocultan. Eso está claro: lo que se hace es politizar”. Además, cuestionó la versión oficial sobre la compatibilidad de sistemas entre proveedores, señalando que “no deberían estar perdidos, porque el proveedor original tendría que tener una copia”.

La abogada exige que se den explicaciones claras y que se asuman responsabilidades: “Aquí ha habido una fisura muy grave. Nos tienen que dar muchas explicaciones y tiene que haber muchas dimisiones”.

Víctimas desprotegidas y sin reparación

La pérdida de registros no solo compromete la seguridad de las víctimas, sino también los procesos judiciales. Al haberse borrado datos de meses clave, muchos casos habrían quedado archivados o sobreseídos: “¿Y a las víctimas que les han archivado asuntos en juicio porque no tienen los datos, qué hacemos con ellas? ¿Quién las resarce? ¿Quién les indemniza? ¿Quién les da seguridad?”.

Guerrero considera que podría explorarse la vía de una reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración, aunque admite que se trata de un proceso difícil: “Un administrativo es muy complicado de ganar. Pero si yo fuera una de esas víctimas, lo intentaría”.

Sobre el alcance real del fallo, mostró dudas frente a la versión oficial: “Ese 1% que dice la ministra, ¿de dónde lo saca? Yo particularmente creo que se lo ha inventado. Pero es que me da igual que sea un 1, un 0,5 o un 0,2. Con una sola víctima desprotegida ya es gravísimo”.

En conclusión, Guerrero reclamó transparencia y rendición de cuentas: “Si estamos en manos de alguien que no nos protege, tendrán que dar paso a aquellos que sí lo hagan. Así de sencillo”.