El Gobierno desprotegió a las mujeres maltratadas

La Memoria de la Fiscalía de 2024 ha desvelado un grave fallo en las pulseras destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género. En 2023, tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio, se produjo la pérdida de los datos de localización de los potenciales agresores durante el volcado de información. Estos registros son fundamentales como mecanismo probatorio para demostrar, por ejemplo, el incumplimiento de una orden de alejamiento. Miles de mujeres víctimas de violencia de género han quedado en una situación de desprotección, tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

Esta negligencia revela la falta de rigor con la que el Gobierno afronta una cuestión que supuestamente ocupa un lugar central en su agenda política. Si la conocida como ley del solo sí es sí terminó provocando reducciones de penas —como muchos juristas habían advertido—, este nuevo error constituye otra muestra de cómo la política basada en eslóganes difícilmente se compadece con el rigor legislativo y con un desempeño político responsable. La ministra Ana Redondo ha tratado de sostener que se trata de un mero fallo técnico. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de agilidad a la hora de enmendar el error o de calibrar sus consecuencias demuestran una irresponsabilidad mayúscula. Es más: si se confirmara que existió algún tipo de negligencia en la adquisición del material, y que esta falta de cuidado provocó una situación de inseguridad a miles de mujeres maltratadas, la ministra debería asumir su responsabilidad política.