"La aplicación del artículo que permite a Anboto salir de la cárcel está pensada para programas de tratamiento muy específicos y que deben estar vinculados a la tipología delictiva"

La exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', ha salido de la cárcel de Martutena (San Sebastián) para disfrutar de un régimen de semilibertad. Esta decisión, fundamentada en la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, ha reabierto el profundo dolor de las víctimas del terrorismo y ha generado una intensa polémica. Anboto, sobre quien pesan condenas que suman 793 años por más de una docena de asesinatos, solo regresará a prisión para dormir de lunes a viernes.

Los beneficios penitenciarios a los presos de ETA

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Para analizar esta figura legal, el programa 'La Linterna' de COPE ha entrevistado a Florencio de Marcos, titular del juzgado de vigilancia penitenciaria nº 1 de Castilla y León. El magistrado explica que el artículo 100.2 es una creación del reglamento de 1996, no de la ley penitenciaria de 1979, lo que ya plantea "un primer problema" de discutible legalidad. Su objetivo, según De Marcos, es combinar características de distintos regímenes de forma excepcional.

¿Qué es el polémico artículo 100.2?

El juez subraya que el Tribunal Supremo, en el caso Forcadell, estableció un criterio clave: "El programa de tratamiento tiene que tener una vinculación con la trayectoria delictiva de la persona a la cual se le aplica". De Marcos considera que es "muy difícil en la práctica encontrar actividades que no se puedan desarrollar en el medio penitenciario y que tengan que ver con la actividad delictiva" de un terrorista. La decisión inicial parte de la Junta de Tratamiento de la prisión y es la administración quien la aprueba, aunque puede ser revisada por el juez de vigilancia.

A diferencia del tercer grado, para aplicar el 100.2 no se exige arrepentimiento, colaboración para esclarecer crímenes o la reparación del daño. Estos requisitos sí son necesarios para el tercer grado en el caso de terroristas, aunque con una redacción legal "bastante farragosa" que ha sido interpretada de distintas formas.

Estamos hablando de una multiasesina que está en la calle"

Un 'tercer grado encubierto' para etarras

Desde las asociaciones de víctimas ven la aplicación de este artículo como un atajo. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, lo ha calificado en 'Herrera en Cope' como una "nueva estrategia para favorecer a los presos de ETA". Portero denuncia que "estamos hablando de que está implicada no solo en los 14 asesinatos que se le cuelgan en su currículum y su mochila, sino que hay 10 asesinatos pendientes de juzgar. Estamos hablando de una multiasesina que está en la calle".

Los privilegios son para los asesinos"

Las cifras muestran que desde que el Gobierno de Sánchez llegó en 2018, el número de presos de ETA se ha reducido casi a la mitad, de más de 200 a 110. Desde que el PSE-EE asumió las competencias de prisiones en el País Vasco, unos 40 etarras han conseguido el tercer grado y a más de una decena se les aplica el 100.2. Para Portero, esto crea una situación de agravio: "A los presos ordinarios se aguantan en el segundo grado y ahí continúan, y, sin embargo, los privilegios son para los asesinos".

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, defiende que estas medidas "forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción", y asegura que es "el mismo tratamiento que recibe cualquier persona reclusa en el sistema vasco".

El historial de 'Anboto'

La trayectoria de Soledad Iparraguirre ha estado ligada a ETA desde su juventud. Entró en los años 80 en el comando ARABA, participando en atentados como el asesinato del cartero Estanislao Galíndez en 1985. Su ascenso se consolidó en los 90, cuando asumió puestos de dirección en Francia, desde donde coordinó comandos y ordenó atentados. Entre los más graves, se le atribuye el intento de asesinato del rey Juan Carlos I en 1997.

Anboto nunca ha mostrado arrepentimiento ni ha colaborado con la justicia para esclarecer los casi 400 crímenes de ETA sin resolver. Hace solo cinco años, durante un juicio por el asesinato de Luciano Cortizo, negó su participación y calificó el proceso de "anacrónico", afirmando que mostraba "una justicia vengativa". Junto a Josu Ternera, fue la encargada de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.