Vivienda obligará a los propietarios de estos pisos en España a cambiar el uso que hacen de ellos: más de 53.000 afectados

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra el alquiler turístico irregular. La cartera ha notificado a las principales plataformas digitales la obligación de retirar de forma inmediata los anuncios "online" de 53.876 viviendas que operaban como turísticas de manera ilegal, al no haber cumplido con los requisitos legales para obtener el número de registro obligatorio. El objetivo del Gobierno es claro: forzar a que estos inmuebles se incorporen al mercado de alquiler residencial de larga duración, una medida que ya ha desatado un intenso debate entre intervencionismo y liberalización. 

Esta drástica intervención fue analizada en Herrera en COPE por la directora de Mediodía COPE y analista económica, Pilar García de la Granja, junto al presentador Jorge Bustos. García de la Granja explicó que la medida se enmarca en la utilización por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Ley de Vivienda y el Registro Único de Arrendamientos para "encontrar irregularidades en 53.000 registros que va a anular". La analista desglosó el impacto territorial: "8000 de ellos están en Málaga. En Andalucía van a ser algo más de 16.700 las viviendas turísticas que van a dejar de serlo a la fuerza".

 Vivienda: las comunidades más afectadas  

Según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio en un comunicado, el Registro de Propiedad ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (el 78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De esta cifra, 53.786 han sido revocadas, lo que representa un significativo 20,3% del total de viviendas turísticas que intentaron registrarse. La medida evidencia el esfuerzo de la administración por depurar un sector que, a su juicio, distorsiona el mercado residencial.

La distribución geográfica de los registros revocados revela una especial concentración en las zonas de mayor presión turística y demanda vacacional. Andalucía lidera la lista con 16.740 viviendas, seguida de Canarias (8.698), Cataluña (7.729), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y la Comunidad de Madrid (1.531). No obstante, el Ministerio ha destacado la "gran anomalía" que supone el caso de Madrid, donde la lógica del registro se invierte: el 83% de las solicitudes fueron para alquiler temporal (de larga duración pero con condiciones especiales) y solo un 17% para uso turístico. Aún así, de las 3.513 solicitudes turísticas presentadas en la región, más de un tercio han sido anuladas por irregularidades.

 El análisis de Pilar García de la Granja  

Durante su intervención en COPE, García de la Granja calificó la estrategia gubernamental como "una medida claramente intervencionista, típica de la extrema izquierda", y acto seguido reprodujo la declaración de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que ésta justificaba la política de su Gobierno: "Y claro que vamos a [intervenir] en los precios de la vivienda, porque no es posible que la derecha considere que esto es un bien especulativo. Para los socialistas, la vivienda es un derecho". Frente a esta visión, la analista económica esbozó la postura de los expertos que abogan por otras soluciones: "Para los expertos hay que liberalizar el suelo, hay que hacer vivienda público-privada, reducir la burocracia y sobre todo los costes".

Un aspecto crucial del debate, y que García de la Granja destacó, es el perfil de los propietarios afectados. Lejos de la imagen de grandes fondos de inversión, la realidad del mercado de alquiler en España está dominada por pequeños ahorradores. "La enorme mayoría son personas que tienen un piso y que lo alquilan por temporada para tener un ingreso extra", afirmó. Apoyándose en datos sectoriales, precisó que el porcentaje de viviendas en alquiler en manos de "grandes tenedores" (entidades con más de cinco inmuebles) se estima entre un 5% y un 10%. "De hecho, el mayor casero de España es un banco y es español. Mientras que la gran mayoría, Jorge, el 90% está en manos de pequeños propietarios ahorradores que tienen en su casa en Madrid, su piso en la playa y lo alquilan para tener un ingreso extra".

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Esta medida se ejecuta a través de la Ventanilla Única Digital, creada el pasado mes de enero, que permite el intercambio de datos entre el Ministerio de Vivienda, los registradores de la propiedad y las plataformas de alquiler para combatir el fraude. El mecanismo es claro: al no obtener el número de registro obligatorio –un requisito en vigor desde el 1 de julio–, estas viviendas son dadas de baja y se notifica a las plataformas para que retiren sus anuncios, impidiendo así su comercialización. El Ministerio advierte de que muchos de estos inmuebles podrían estar siendo ofertados en varias plataformas simultáneamente.

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La justificación última del Ejecutivo, tal y como expone en su comunicado, es "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades". El objetivo declarado es reconducir estas más de 53.000 viviendas hacia el mercado de alquiler residencial, aumentando así la oferta disponible para los residentes y aliviando la presión alcista sobre los precios.

Sin embargo, la efectividad de esta política y sus consecuencias sobre el mercado están por ver. Los críticos argumentan que, lejos de solucionar el problema de fondo, la cual es la escasez de oferta, se limita a trasladar la presión de un segmento del mercado a otro, penalizando a pequeños propietarios y potencialmente disuadiendo la inversión. El debate entre la vivienda como derecho social o como bien de mercado, ejemplificado en el análisis de 'Herrera en COPE', sigue más vigente que nunca mientras el Gobierno da este nuevo paso en su política intervencionista.