La Subdelegación del Gobierno anuncia la retirada de casi 3.000 pisos turísticos ilegales en la provincia de Cádiz

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha anunciado que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha detectado un total de 2.849 pisos turísticos ilegales en la provincia de Cádiz, cuyos anuncios deberán ser eliminados de las plataformas digitales. Según explicó, estas viviendas habían solicitado el número de registro obligatorio, en vigor desde el pasado 1 de julio, pero sus solicitudes fueron revocadas por no cumplir con la normativa vigente.  

“Estamos ante un paso fundamental para proteger el derecho a la vivienda y frenar el fraude en los alquileres turísticos”, subrayó Flores, destacando que la medida busca evitar que estos pisos expulsen a las familias de sus barrios y alteren la convivencia en las ciudades.

Cádiz capital, con más de 400 pisos revocados

Dentro de la provincia, la capital gaditana concentra un volumen significativo de irregularidades. Cádiz ciudad registró 403 solicitudes de pisos turísticos que fueron rechazadas, situándose entre las capitales andaluzas con más casos de incumplimiento.

“Estos datos reflejan la magnitud del problema en nuestra provincia, y la necesidad de contar con mecanismos eficaces para controlar y regular la oferta de alojamiento turístico”, señaló la subdelegada.

Andalucía, a la cabeza de las irregularidades detectadas

El registro puesto en marcha por el Ministerio refleja que en toda Andalucía se han detectado 16.740 solicitudes de pisos turísticos revocadas, lo que sitúa a la comunidad autónoma como la que acumula más casos en el conjunto de España.

En este contexto, la provincia de Cádiz, con sus 2.849 pisos ilegales, se coloca como una de las que más aporta a este volumen, solo por detrás de Málaga y Sevilla.

El Registro Único de Alojamientos, herramienta pionera en Europa

Flores recordó que España es el primer país europeo en contar con un Registro Único de Alojamientos Temporales, una herramienta desarrollada en colaboración con el Colegio de Registradores que permite cruzar datos con las plataformas digitales para localizar aquellos anuncios que no disponen de un código válido.

“Gracias a este sistema podemos detectar a tiempo a quienes intentan operar al margen de la legalidad y garantizar que el turismo sea compatible con la vida en nuestras ciudades”, afirmó la subdelegada.

Objetivo: proteger la función social de la vivienda

Con esta actuación, el Gobierno pretende preservar la función social de la vivienda, asegurar la competencia leal entre los operadores del sector y proteger a las familias frente al encarecimiento injustificado de los alquileres.

Blanca Flores concluyó asegurando que el Gobierno seguirá impulsando medidas de control y transparencia: “Nuestro objetivo es claro: que la vivienda no se convierta en un lujo inalcanzable por culpa de la especulación y el fraude en los pisos turísticos ilegales”.