Pilar García de la Granja, experta económica: "230 pueblos de España podrían quedarse sin bar por la nueva ley de Consumo que obliga a eliminar el patrocinio de cervezas"

La nueva ley de prevención del consumo de alcohol en menores aprobada por el Gobierno podría suponer la puntilla para miles de bares en España. Según ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de Bolsillo' del programa Herrera en COPE, la norma contempla la limitación de los patrocinios de las cerveceras, lo que podría costarle a la hostelería hasta 7.000 millones de euros. Estos patrocinios, considerados como "publicidad encubierta", incluyen el pago de neveras, grifos, toldos, sillas y demás mobiliario.

Escúchalo en Podcast

Los bares, obligados a eliminar el patrocinio de cerveza | Economía de Bolsillo

Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja

Escuchar

La España rural, la más afectada

El impacto de la medida será especialmente grave en la España despoblada. Un análisis económico integral alerta de que 235 pueblos, aproximadamente un 20% de los que hoy cuentan con un solo bar, podrían quedarse sin este servicio esencial. Como ha explicado García de la Granja, en estos lugares "el bar del pueblo es mucho más que un bar, es el salón de juegos, de una partida, de la socialización de miles de personas mayores que viven allí, y no solo también de jóvenes que trabajan en el campo".

Un agujero millonario para el sector

El coste directo de esta limitación de patrocinios se situaría, según el informe, entre los 600 y los 800 millones de euros. Las cifras de Hostelería de España para 2025 estiman que de los 130.000 bares y cafeterías que existen en el país, entre el 70% y el 80% —más de 100.000 locales— cuentan con este tipo de acuerdos con las marcas de cerveza.

La ley prohíbe que el logo de una empresa cervecera pueda aparecer en mesas, sillas o sombrillas a menos de 150 metros de un colegio, parque, centro social o gimnasio. Esta condición hace inviable el patrocinio en la mayoría de las plazas de los pueblos. Ante esta situación, la periodista ha señalado que "es muy discutible que estos bares puedan hacer frente al coste de comprar nuevo todo este mobiliario".

Destrucción de empleo

Las consecuencias de la ley también se notarían en el empleo. El análisis económico estima que la medida provocaría una merma en la contribución al PIB nacional de unos 900 millones de euros. Además, tendría un efecto en el empleo, tanto directo como indirecto, de entre 8.000 y 10.200 puestos de trabajo que se perderían, un hecho que el colaborador Jorge Bustos ha calificado como una muestra de "odio a la economía real".

Es muy discutible que estos bares puedan hacer frente al coste de comprar nuevo todo este mobiliario"

Durante la tertulia en el programa 'Herrera en COPE', los periodistas han señalado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, como el impulsor de esta polémica ley que sigue la línea de su predecesor, Alberto Garzón.