Guía para no perderte entre las tramas de corrupción que cercan al Gobierno: de los cuatro del Peugeot a los casos de acoso

La acumulación de presuntos casos de corrupción ha puesto al Gobierno y al PSOE en una situación crítica. Desde la trama del 'caso Koldo' hasta las investigaciones que afectan al entorno familiar del presidente, se dibuja un mapa complejo de escándalos que abarca desde la compra de mascarillas a presuntos casos de acoso sexual, poniendo a prueba la estabilidad en Moncloa.

El epicentro: 'caso Koldo' y sus ramificaciones

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Los casos de corrupción que afectan al Gobierno

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El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, es una de las figuras centrales de la trama. Tras pasar cerca de 15 días en prisión preventiva por el caso mascarillas, el juez ha acordado la apertura de juicio oral contra él y su exasesor, Koldo García, al considerar que existen "indicios que soportan con solvencia" el relato de la acusación.

A ellos se suma el comisionista Víctor de Aldama, pieza clave en la conocida como 'trama hidrocarburos'. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Aldama y su socio pagaron cerca de un millón de euros "para comprar la voluntad" de Ábalos y otros cargos públicos.

El cuarto integrante del grupo es Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, quien ingresó en prisión acusado de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Documentos de la UCO lo señalan como una figura clave "capaz de desbloquearlo todo", y su nombre aparece vinculado a la empresa Servinabar, de la que controlaba un 45% desde 2016.

La 'fontanería' del partido y la SEPI

Conocida como 'la fontanera' del PSOE, Leire Díez ha sido imputada por cohecho y tráfico de influencias en el 'caso Balas', por presuntas maniobras contra un alto mando de la Guardia Civil. Recientemente, ha sido detenida por orden de la Audiencia Nacional en el marco de una investigación sobre prácticas ilícitas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la misma operación han sido arrestados Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y estrecho colaborador de la ministra María Jesús Montero, y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán. La UCO ha realizado registros en ministerios como el de Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación.

Denuncias de acoso y una crisis interna

La gestión de varias denuncias por acoso sexual ha abierto otra crisis en el partido. El nombramiento de Paco Salazar como nuevo secretario de Organización se frustró tras conocerse denuncias de sus propios compañeros, admitiendo el PSOE que ninguna de las dos se había tramitado en cinco meses.

Este ambiente ha provocado reacciones como la de la senadora Sara Galván, quien ha afirmado que "los casos confirmados de acoso en su partido le dan asco". Su malestar se suma a la renuncia del senador Javier Izquierdo, en un contexto de nombramientos polémicos atribuidos a Santos Cerdán.

Los casos confirmados de acoso en mi partido me dan asco"

Sara Galván

Senadora socialista

La crisis se ha extendido con la dimisión de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, y la de la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga. Además, se ha abierto una nueva investigación contra el alcalde de Almussafes (Valencia).

El foco mediático se ha centrado también en el entorno más directo del presidente del Gobierno. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros. En el marco de la causa, Indra ha aportado al juez correos electrónicos de una asesora de Moncloa que colaboraba con ella.

Por su parte, David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, ha sido procesado por presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La jueza considera "inasumible" la defensa y cree que su puesto en la Diputación de Badajoz "fue creado con la finalidad de ser adjudicado" a él.

En este mismo caso está imputado Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acusó de "fraude de ley" por un movimiento para conseguir aforamiento. El juicio, previsto para febrero, ha sido retrasado a finales de mayo de 2024.

A pesar de la gravedad y la multitud de frentes judiciales abiertos, el mensaje oficial del Gobierno se mantiene en una promesa de colaboración con la Justicia para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la acumulación de escándalos mantiene una presión sin precedentes sobre el Ejecutivo y la cúpula del PSOE.