Un abogado gallego revela lo que pasa con las indemnizaciones tras una sentencia judicial: "El dinero se pagará si el que ha sido condenado..."

El caso por la muerte de Antonio Costa no llegará finalmente a juicio. Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad que establece una pena de 11 años y medio de prisión para cada uno de los acusados. El letrado de la familia, Luciano Prado, ha confirmado que los familiares de la víctima eran conscientes del pacto y lo habían aceptado.

UN CRIMEN QUE CONMOCIONÓ A TODA LA CIUDAD DE SANTIAGO

El crimen del comerciante Antonio Costa fue un caso que conmocionó a Santiago. A toda la ciudad, porque era una persona trabajadora y conocida.  Una de esas caras que te encuentras cuando vas al Mercado de Abastos.

Comerciante veterano en la Plaza compostelana, con un puesto de carnicería muy apreciado por los santiagueses. Antonio era de los que se levantan bien temprano para tenerlo todo listo en el puesto y arrancaba de buena mañana la jornada laboral.

En noviembre de 2024 una agresión de dos hombres acabó con su vida. Se fue trabajando.

Los dos acusados por el homicidio de este placero han aceptado una condena de 11 años y medio de cárcel. Y ya no habrá juicio.

Han llegado a acuerdo y, además de la pena de prisión, ambos deberán abonar una multa por un delito de lesiones, someterse a cinco años de libertad vigilada una vez excarcelados y hacer frente a una indemnización de 580.000 euros para la familia de la víctima.

Un acuerdo para evitar una pena menor

Según ha explicado Prado, este acuerdo supone una pena "sensiblemente inferior" a la que podría haber solicitado la fiscalía, pero mucho mayor de la que se arriesgaban a obtener en un juicio. "Yo tenía bastante temor a que uno de los acusados, desde luego, llevase una pena bastante inferior", ha admitido el abogado, debido a los informes forenses y otras circunstancias del caso.

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Inicialmente, la acusación particular buscaba una calificación de asesinato, lo que habría elevado considerablemente la condena. Sin embargo, el riesgo de un resultado adverso en el juicio llevó a la familia a aceptar el pacto. "Decidimos que era una pena ajustada, es una pena seria, es una pena severa, en cualquier caso", ha sentenciado Prado.

La indemnización "fantasma" de 580.000 euros

El acuerdo también fija una indemnización de 580.000 euros para la familia de la víctima, su viuda y sus cuatro hijos. A pesar de la elevada cifra, el propio abogado se muestra pesimista sobre su cobro. 

"Si esta gente que ha sido condenada no tuviese bienes suficientes o una capacidad económica como para hacer frente a ello, entiendo que no se va a cobrar", ha señalado, matizando que "si no hay en dónde, difícilmente".

Si el condenado no tuviese bienes suficientes o una capacidad económica como para hacer frente a ello, entiendo que no se va a cobrar"

Luciano Prado

Abogado

Luciano Prado ha aclarado que la familia no tenía "ningún interés económico en este asunto" y que la deuda, aunque no caduca, depende de la solvencia futura de los condenados. No existe un seguro o empresa que actúe como responsable civil subsidiaria, ya que fue desestimado tanto por el juez de instrucción como por la propia audiencia.

El "descanso" de la familia y la expulsión del país

Para la familia, este acuerdo supone "un descanso haber acabado ya con esto", a pesar de que el proceso ha servido para "revivir un poco todo aquello". Prado recuerda que Antonio Costa era una persona "joven, muy unida a su familia, con cuatro hijos y una mujer". Aunque hayan pasado meses, para sus allegados no es un suceso pretérito.

Además de los 11 años y medio de prisión, los condenados se enfrentan a cinco años de libertad vigilada una vez cumplan la pena. El abogado ha añadido una consecuencia clave: al no ser ciudadanos nacionales, "esto le puede acarrear una vez cumplida la pena la expulsión del país perfectamente. De hecho, de ordinario suele suceder así".