La técnica 'legal' para okupar viviendas en Cataluña que ya está llegando al resto de España: con una llamada de teléfono

La okupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los problemas más acuciantes en España, vinculado tanto a la inseguridad ciudadana como a la crisis habitacional. En los últimos días, las autoridades han alertado sobre la expansión de un nuevo método empleado por los okupas para evitar desalojos exprés: la llamada "técnica PidoPizza", una estrategia que ya ha sido detectada en Cataluña y que amenaza con extenderse al resto del país, especialmente durante la temporada vacacional.

 Un truco legal para los okupas  

La técnica, descrita por el portal Idealista y confirmada por fuentes policiales, es aparentemente sencilla pero efectiva. Los okupantes piden una pizza a domicilio a la dirección de la vivienda que pretenden usurpar. Al recibir el pedido en el portal, conservan el ticket de compra como "prueba" de residencia.

Tras esperar 48 horas, el plazo mínimo que, según la ley, impide un desalojo inmediato, toman posesión del inmueble. Cuando la Policía acude al lugar tras una denuncia, los okupas exhiben el recibo para argumentar que llevan al menos dos días viviendo allí, lo que judicializa el proceso y retrasa su expulsión.

Este método aprovecha un vacío legal: mientras el allanamiento de morada (entrada en una vivienda habitada) permite el desalojo inmediato, la usurpación de inmuebles deshabitados (artículo 245.2 del Código Penal) se considera un delito leve, con penas de multa y procesos judiciales lentos. La "técnica PidoPizza" busca encuadrarse en este segundo supuesto, dificultando la acción policial.

 Cataluña, epicentro de una práctica en expansión  

Aunque la táctica no es nueva (se documentó por primera vez en Cataluña en 2018), su uso se ha intensificado en los últimos meses, extendiéndose a Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Según la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), los okupantes profesionales están perfeccionando estas estrategias para "confundir a las autoridades" y alargar su estancia en las viviendas.

Montserrat Junyent, abogada especializada en propiedad inmobiliaria, explica que el ticket de compra "no tiene valor legal, pero sirve para sembrar dudas en los agentes, que evitan actuar sin una orden judicial por miedo a represalias administrativas". Este fenómeno se agrava en periodos vacacionales, cuando muchas viviendas quedan desatendidas, facilitando la labor de los okupas.

 La batalla legal de la okupación  

Mientras asociaciones de propietarios y partidos políticos denuncian una "oleada de okupaciones", los datos oficiales pintan un panorama menos catastrófico. En 2024, las denuncias por usurpación o allanamiento representaron solo el 0,06% del parque de viviendas en España, según el Ministerio del Interior. Además, solo el 7% de estos casos correspondían a viviendas habitadas o segundas residencias.

No obstante, expertos como Jaime Palomera Zaidel, investigador urbano, advierten que las cifras ocultan realidades como la "inquiokupación": inquilinos que dejan de pagar el alquiler y falsifican contratos para prolongar su estancia. Estos casos no aparecen en las estadísticas, pero representan el 80% de las consultas recibidas por plataformas de afectados 1113.

 La nueva ley 'antiokupas': ¿solución o parche?  

Más sobre okupación

Los okupas tienen un nuevo objetivo en España y no son los pisos vacíos ni los chalets en zonas residenciales

En noviembre de 2024, el Congreso aprobó una reforma para agilizar los desalojos mediante juicios rápidos (15 días frente a los 12 meses actuales). La norma, impulsada por el PNV y apoyada por PP y partidos nacionalistas, excluye sin embargo a las "inquiokupaciones", lo que limita su eficacia.

Para los propietarios, la solución pasa por medidas preventivas: alarmas, contratos de alquiler formalizados ante notario y seguros específicos. Según Línea Directa, el 70% de los nuevos seguros de hogar incluyen ya cobertura contra okupaciones.

Así, mientras la ley intenta equilibrar el derecho a la propiedad y a la vivienda, técnicas como la "PidoPizza" revelan la necesidad de reformas más profundas. Como resume el abogado Pepe Piñar: "El sistema actual judicializa la pobreza y premia la astucia ilegal. Sin una política de vivienda accesible, esto no hará más que repetirse".