Los okupas tienen un nuevo objetivo en España y no son los pisos vacíos ni los chalets en zonas residenciales

La okupación ilegal, un fenómeno que durante años ha centrado su amenaza en viviendas vacías y segundas residencias, ha encontrado un nuevo objetivo en España: las plazas de garaje. Este giro en la estrategia de los intrusos está generando un quebradero de cabeza adicional para los propietarios, especialmente en grandes ciudades donde el aparcamiento es un bien escaso y caro.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 denuncias por okupación ilegal en el país, un 8,8% menos que el año anterior pero con un preocupante repunte del 7,4% en 2024, alcanzando las 16.426 denuncias. Cataluña lidera este ranking con el 42% de los casos, seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Aunque las cifras oficiales indican que solo el 0,05% de las viviendas en España están okupada, un porcentaje mínimo en términos estadísticos, el impacto social y emocional es desproporcionado. La percepción de inseguridad se ha agravado con la aparición de los llamados okupas de garaje, un fenómeno que, aunque no nuevo, ha escalado en frecuencia y complejidad jurídica. Como relata el caso viral de una vecina de Murcia, que en 2024 encontró su plaza invadida por un BMW X5: "Aunque tenía las escrituras, la policía no pudo actuar de inmediato".

 Garajes: un vacío legal que aprovechan los intrusos  

La okupación de plazas de aparcamiento presenta un desafío único. A diferencia de las viviendas, los garajes no gozan de la protección constitucional del domicilio (artículo 18 de la Constitución), lo que limita la actuación policial inmediata. El artículo 245.2 del Código Penal tipifica la usurpación de bienes inmuebles como delito, con multas de tres a seis meses, pero no contempla penas de prisión ni desalojos exprés. Además, las grúas municipales no pueden actuar en garajes privados sin autorización judicial, un proceso que puede demorarse meses.

La abogada Sara Izquierdo, experta en propiedad, subraya en una entrevista en APDP la diferencia clave: "En un chalet, el garaje sí podría considerarse parte de la morada, pero en comunidades de vecinos el tratamiento es distinto. Si el okupante es un desconocido, el camino es la denuncia por usurpación". Esta lentitud burocrática ha convertido los garajes en blancos fáciles, especialmente en zonas urbanas donde el valor de estos espacios se ha disparado.

 Estrategias de los okupas  

No todos los casos responden a un patrón delictivo. Algunos surgen de errores puntuales, como turistas que alquilan un apartamento y aparcan en la plaza equivocada. Sin embargo, otros implican okupación intencionada y reincidente, a menudo con vehículos abandonados (la DGT calcula que hay 20.000 coches abandonados en recintos privados). En Galicia, por ejemplo, dos vehículos de alta gama okuparon durante meses plazas embargadas, evidenciando la audacia de algunos intrusos 3.

Frente a esto, las comunidades de vecinos intentan medidas preventivas: instalación de cámaras, revisión periódica de plazas y acuerdos con grúas privadas. Pero cuando falla la prevención, el protocolo recomienda:

• Diálogo: dejar notas en el parabrisas o contactar al administrador de la finca.

• Denuncia policial: crucial para iniciar el proceso judicial, aunque la policía no actúe de oficio.

• Vía civil: más lenta y costosa, pero necesaria si el okupante se niega a marcharse.

 El 19% conoce a alguien que lo ha sufrido  

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Los jueces determinan que los propietarios de viviendas okupadas en esta ciudad pueden cortar el agua, la luz o el gas

La OCU revela que el 19% de los españoles conoce a alguien que ha sufrido una okupación, con índices más altos en Castilla-La Mancha (35%) y la Comunidad Valenciana (23%) 5. Pese a ello, solo el 0,85% de los casos judicializados en 2023 fueron allanamientos de morada (viviendas habitadas); el resto correspondió a usurpaciones de inmuebles vacíos 14.

Este escenario ha llevado a la Audiencia Provincial de Barcelona a emitir un fallo histórico en marzo de 2025: los propietarios ya no enfrentan cargos penales si cortan suministros como agua o luz a okupas, una medida que busca equilibrar la balanza legal 6. Sin embargo, este avance no aplica directamente a garajes, donde la indefensión persiste.

La okupación de garajes refleja una adaptación de los intrusos a los resquicios legales, aprovechando bienes de alto valor y baja protección inmediata. Mientras las instituciones debaten reformas, como el desalojo exprés para casos flagrantes, los afectados navegan un laberinto de plazos y costes. Como resume un vecino de Barcelona: "Es como si tu propiedad ya no fuera del todo tuya". En un país donde la vivienda es un tema sensible, la batalla por los garajes añade un capítulo más a un conflicto que dista de resolverse.