Los jueces determinan que los propietarios de viviendas okupadas en esta ciudad pueden cortar el agua, la luz o el gas

Los propietarios de viviendas okupadas ilegalmente en una ciudad de España ya no enfrentarán cargos penales si deciden cortar el agua, la luz o el gas a los intrusos. Así lo determinó la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 7 de marzo, en un acuerdo histórico que unifica criterios judiciales y exonera a los dueños de inmuebles de ser acusados por coacciones al suspender suministros básicos.

La medida, respaldada por cerca de 60 magistrados de las secciones penales, marca un antes y después en la lucha contra la okupación ilegal, un problema que en 2024 generó más de 2.300 denuncias solo en Cataluña.

 Un giro legal frente a los okupas  

El documento judicial, al que ha tenido acceso este medio, establece que "el titular de una finca okupada no comete delito de coacciones si deja de pagar o mantiene cortados los suministros". Esta decisión revierte la interpretación anterior, que equiparaba el corte de servicios con una forma de presión ilegítima, castigable con penas de hasta tres años de prisión según el artículo 172 del Código Penal.

La resolución llega en un momento de creciente frustración entre los propietarios, que hasta ahora debían asumir los costes de los suministros mientras esperaban meses —incluso años— por un desalojo judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el proceso medio para recuperar un inmueble en España oscila entre 4 y 12 meses, dependiendo de la comunidad autónoma.

 Barcelona, pionera  

La Audiencia de Gerona había sentado un precedente similar en noviembre de 2024, avalando además los desalojos exprés en casos de okupación flagrante (menos de 24 horas). Este último punto, sin embargo, no fue incluido en el acuerdo de Barcelona, pese a su relevancia en episodios como los disturbios de Salt (Girona), donde el desahucio de un imán y su familia desencadenó protestas violentas.

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha calificado la medida como "un paso necesario", pero insiste en que debe complementarse con reformas legislativas más profundas. En su último congreso sobre okupación ilegal, abogados de Barcelona, Madrid y Málaga propusieron crear un procedimiento civil urgente para recuperar propiedades en 48 horas y eliminar trabas burocráticas que equiparan a okupas con inquilinos legales.

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La decisión judicial no está exenta de polémica. Mientras asociaciones de propietarios celebran la medida, colectivos sociales alertan de que agravará la situación de familias en riesgo de exclusión. En municipios como Salt, donde el 37% de la población es extranjera, la falta de vivienda asequible ha empujado a muchas familias a okupar pisos vacíos propiedad de bancos o fondos de inversión 7.

"Sin un techo no puedes ser feliz", declara Hawa Diallo, una mujer maliense que vivió cuatro años en un piso okupado tras perder su hogar. Su testimonio refleja una realidad paralela: España tiene solo un 3% de vivienda social, muy por debajo de la media europea, según el ICAB.

Expertos legales como José María Español, abogado especializado en derecho inmobiliario, anticipan que el criterio de Barcelona podría extenderse a otras regiones. "Cataluña concentra el 50% de los casos de okupación en España. Sus tribunales son un termómetro", señala en un artículo de Libre Mercado.

No obstante, la Plataforma de Afectados por la Okupación reclama más acciones, como revisar los informes de vulnerabilidad que permiten a algunos okupas prolongar su estancia hasta cinco años bajo el amparo del decreto antidesahucios.