Los propietarios de viviendas okupadas tendrán que pedir a sus abogados hacer esto tras la nueva ley: lo advierte una experta en derecho inmobiliario

Las denuncias por okupación ilegal de viviendas en España han alcanzado cifras alarmantes, con un incremento del 34,5% desde 2018, según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) vinculado a la CEOE. Solo en 2024, se registraron 16.426 casos, un 7,4% más que el año anterior, situando a Cataluña como el epicentro del problema con el 42,6% de los casos nacionales. Ante este escenario, el Gobierno ha implementado una nueva ley antiokupas, en vigor desde el 3 de abril, que agiliza los desalojos mediante juicios rápidos y endurece las penas, aunque persisten dudas sobre su aplicación práctica.

 Un problema estructural con Cataluña a la cabeza  

Los últimos informes del Ministerio del Interior revelan que la okupación ilegal se ha convertido en un fenómeno crónico, especialmente en zonas urbanas. Barcelona lidera las estadísticas con 5.077 casos en 2024, seguida de Madrid (1.451) y Valencia (876). La tendencia al alza contrasta con el descenso en ejecuciones hipotecarias (-17,9%), según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que refleja un desplazamiento del conflicto hacia viviendas en alquiler o propiedades vacías.

La nueva normativa, incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, distingue entre dos delitos: allanamiento de morada (invasión de una vivienda habitada, con penas de hasta 3 años) y usurpación (okupación de inmuebles no residenciales, como segundas viviendas o locales). En el primer caso, la policía puede actuar en 48 horas sin orden judicial; en el segundo, los propietarios pueden solicitar un desalojo exprés en 15 días mediante un juicio rápido.

 "Ahora se recurrirá a la vía penal, no a la civil"  

En declaraciones a ABC, la experta en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, subraya el cambio de paradigma que introduce la ley: “Invertiremos las cosas. Antes acudíamos a la vía civil, ahora lo haremos a la penal”. Goenaga defiende que la okupación siempre ha sido un delito penal, “para entrar a una propiedad te tienen que romper algo”, pero la lentitud de los tribunales obligaba a optar por la vía civil, con procesos que podían alargarse más de un año.

No obstante, la abogada advierte de obstáculos prácticos. Aunque la ley promete resoluciones en 15 días, la saturación judicial podría dilatar los plazos: “Son los abogados quienes suelen cumplirlos, pero los juzgados no siempre tienen medios”. Otro punto conflictivo es la mediación previa exigida en la vía civil: “No está claro cómo negociar con un ocupante anónimo. ¿A quién envías un burofax sin nombre?”, cuestiona.

 Limitaciones y críticas  

La reforma excluye a los "inquiokupas" —inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero entraron legalmente—, cuyo desalojo sigue rigiéndose por la vía civil 5. Tampoco afecta a casos anteriores al 3 de abril, lo que ha generado críticas por su efecto retroactivo nulo 11. Además, organizaciones sociales alertan de que podría perjudicar a familias vulnerables, aunque la ley mantiene protecciones para estos casos.

José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler, considera que la solución ideal sería un registro público de contratos para evitar fraudes: «Si los okupas no pueden acreditar un contrato válido, la policía debería poder desalojarlos sin esperar a un juez» 5. Mientras, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, respalda la ley como herramienta para proteger a propietarios.

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 Un paso adelante con reservas  

En cualquier caso, la nueva legislación marca un antes y después en la lucha contra la okupación en España, pero su éxito dependerá de la coordinación entre jueces, policía y propietarios. Mientras las estadísticas siguen batiendo récords, el mensaje de Goenaga resume el reto: “La vía penal era la lógica; el problema es que la justicia necesita más recursos para cumplir los plazos”.

Con 7.009 casos solo en Cataluña y un promedio de 45 okupaciones diarias en el país, la presión sobre la ley es máxima. Los próximos meses dirán si logra frenar una crisis que, como señalan los datos, no hace más que crecer.