La eficaz solución en Francia para echar a los okupas: hacerlo de otra forma puede acarrear multas de 45.000 euros

El Gobierno español ha aprobado una reforma histórica para combatir el problema de la okupación ilegal de viviendas. La Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor este año, introduce cambios significativos en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de acelerar los procesos de desalojo y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Según datos del Ministerio del Interior, durante el año 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por usurpación de inmuebles, lo que representa un aumento del 7% respecto al año anterior. Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma más afectada por este problema, aunque los casos se extienden por todo el territorio nacional.

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 Novedades en España sobre okupación  

La nueva normativa establece que los delitos de allanamiento de morada y usurpación se tramitarán mediante juicios rápidos, con plazos máximos de 15 días desde la presentación de la denuncia hasta la ejecución del desalojo. Este sistema contrasta con la situación anterior, donde los procesos podían prolongarse durante meses e incluso años debido a la saturación de los juzgados y a los trámites burocráticos.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la posibilidad de que las fuerzas de seguridad actúen de manera inmediata cuando la okupación se detecta dentro de las primeras 48 horas. En estos casos, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de esperar una orden judicial, al considerarse que se trata de un delito flagrante.

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Además, la ley elimina el estudio de vulnerabilidad de los ocupantes, un requisito que anteriormente retrasaba los lanzamientos al evaluar la situación socioeconómica de quienes ocupaban el inmueble. Ahora, la protección de la propiedad privada se considera prioritaria, independientemente de las circunstancias personales de los ocupantes.

 La solución en Francia para los okupas  

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El contexto europeo muestra que España no es el único país que enfrenta este problema. En Francia, una reforma similar aprobada en 2021 no ha logrado agilizar suficientemente los desalojos, lo que ha llevado a algunos propietarios a buscar soluciones alternativas. 

Según explica el medio francés Le Figaro Immobilier, en el país francés las desokupaciones ilegales están penadas con hasta tres años de cárcel y una multa de 45.000 €. Por eso, el diario ha realizado una encuesta para la que un usuario concreto ha dado una medida de lo más eficaz: organizar una barbacoa con los okupas para lograr su salida pacífica.

Esta táctica, documentada mediante encuestas callejeras en Francia, surge como respuesta desesperada de propietarios que enfrentan procesos de desalojo interminables y caros. El método, aparentemente sencillo, se basa en crear un ambiente distendido. Según testimonios recogidos, el propietario invita a los ocupantes a compartir una comida al aire libre, estableciendo un diálogo cordial donde expone su situación: "Es mi vivienda, necesito recuperarla". La clave radicaría en que, al humanizar el conflicto, algunos okupas acceden a marcharse voluntariamente, evitando así la vía legal 

En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha tipificado la okupación como un delito grave, con penas de entre dos y siete años de prisión.  A pesar del apoyo mayoritario que ha recibido la nueva ley, algunas voces críticas advierten sobre posibles efectos no deseados. Organizaciones sociales señalan que la normativa no distingue entre okupaciones con fines especulativos y aquellas protagonizadas por familias en situación de extrema necesidad. Además, los colegios de abogados han alertado sobre el riesgo de saturación en los juzgados, que ya trabajan al límite de su capacidad.

La reforma representa un cambio de paradigma en la política de vivienda española, acercando el sistema al de países como Estados Unidos, donde algunos estados permiten desalojos en cuestión de horas. Su éxito dependerá de la capacidad de las administraciones para aplicar eficientemente los nuevos mecanismos y de la implementación de políticas sociales complementarias que aborden las causas profundas del problema.