Unos okupas entran en su casa frente a la playa en un pueblo de Valencia y toma una decisión complicada para recuperarla

En menos de una semana, los vecinos de la playa de la Goleta, en Tavernes de la Valldigna, han visto cómo dos viviendas eran okupadas por grupos de jóvenes «del mismo origen y de idéntica edad». Primero fue el adosado de Pilar, una docente valenciana que se ha quedado sin casa de veraneo. Después, otra vivienda cercana sufrió el mismo destino. 

La información, adelantada por El Debate, muestra cómo dos casos muy próximos han tenido respuestas muy diferentes. Mientras Pilar sigue confiando en la vía judicial, los propietarios del segundo inmueble han optado por una salida más rápida: negociar con los okupas y pagarles para que abandonen la casa. Una decisión que abre un debate incómodo sobre hasta qué punto esta práctica no se convierte en un incentivo para quienes allanan viviendas.

Dos caminos muy distintos

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Según contó El Debate, Pilar vive una auténtica pesadilla desde que un grupo de magrebíes entró en su adosado cuando todavía lo usaba con su familia. Desde entonces, los vecinos le informan casi a diario de que dentro se celebran fiestas. La Guardia Civil aún no ha remitido el atestado al juez, lo que mantiene encallado el procedimiento.

En cambio, los dueños de la otra vivienda han decidido actuar de otra manera. Prefieren pagar miles de euros antes que pasar meses sin su propiedad, un fenómeno que se repite en muchas zonas de España. Como se contó recientemente en COPE, en Tarragona un propietario llegó a abonar 5.000 euros para que unos ocupantes le devolvieran la luz y el gas de su casa (más información aquí).

Una situación cada vez más común

La okupación en la Comunidad Valenciana ha crecido hasta el punto de que los vecinos reconocen que conviven a diario con casas allanadas. Hace apenas unos días, cuatro jóvenes llegaron a un pueblo valenciano con herramientas listas para entrar en una vivienda, según recogió COPE (ver el caso aquí).

El Debate añade que el fenómeno no se limita a chalets o adosados de veraneo. Dos de cada diez viviendas públicas de la Generalitat Valenciana están okupadas, lo que impide que casi dos mil familias con necesidades reales puedan acceder a una casa. Además, en muchas ocasiones, quienes han sido desalojados vuelven a entrar poco tiempo después, lo que complica aún más la gestión.

En este contexto, los testimonios se repiten con frecuencia:

• Propietarios que no pueden acceder a su casa de vacaciones.

• Familias que se ven obligadas a negociar pagos para recuperar su hogar.

• Procesos judiciales lentos que se alargan durante meses.

• Una sensación generalizada de inseguridad en barrios costeros. Entre la justicia y el dinero

La diferencia entre el caso de Pilar y el de sus vecinos refleja dos maneras de afrontar el mismo problema. Ella rechaza tajantemente la idea de pagar: «Si todos hiciéramos lo mismo, nadie se iría. No tengo por qué abonar nada para que me devuelvan lo que es mío». Su postura conecta con la de otros propietarios que denuncian sentirse extorsionados.

No obstante, para quienes optan por la vía económica, la prioridad es recuperar cuanto antes la vivienda, aunque sea a costa de alimentar un círculo vicioso. Una dinámica que, como recuerdan expertos en derecho, se repite también en el ámbito de los pisos turísticos, donde la nueva ley de justicia ya ha intentado introducir mecanismos para agilizar los desalojos (lo explica COPE en este análisis).

La tensión en aumento

La okupación no es solo una cuestión legal, también social. En algunos municipios valencianos, la presión vecinal es tal que se han generado auténticos puntos de conflicto. Lo ocurrido en Alfafar, donde un asesino atrincherado en una casa okupada conmocionó a los residentes, es otro ejemplo de cómo este fenómeno afecta directamente a la seguridad cotidiana (detalles aquí).

En Tavernes de la Valldigna, los vecinos de la playa de la Goleta saben que la historia no termina aquí. La de Pilar sigue abierta en los juzgados, mientras que otros propietarios han decidido pagar. Dos caminos distintos para un mismo problema que, lejos de resolverse, sigue ganando terreno en las costas valencianas.