La decisión de unos okupas de Tarragona que le termina costando 5.000 euros al propietario y que nada tiene que ver con luz y gas

La okupación y la inquiokupación (cuando inquilinos legales dejan de pagar pero se niegan a abandonar la vivienda) siguen siendo un problema creciente en Cataluña. Según datos del Departamento de Justicia de la Generalitat, en 2024 se registraron 1.200 denuncias por okupación ilegal en la región, con un aumento del 15% respecto al año anterior.

En Tarragona, los casos más mediáticos giran en torno a propiedades vacías, pero también a situaciones como la de Joaquim Álvarez, un vecino de Reus cuya vivienda en el exclusivo Gaudí Reus Golf Club (antiguo Aigüesverds) fue convertida en piso turístico por sus inquilinos morosos, quienes cuentan con un certificado de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Reus.

Joaquim Álvarez ha relatado a RAC1 cómo su decisión de alquilar su casa en 2019 para aliviar la presión de la hipoteca se transformó en una pesadilla. "Nos mudamos a una masía con mi mujer y nuestros tres hijos para reducir gastos, pero nunca imaginamos que acabaríamos sin cobrar el alquiler y con una multa de Hacienda por una actividad que no cometimos", explicó. El contrato con la familia inquilina (también con tres hijos) era por tres años, pero los impagos comenzaron en 2020. "Primero retrasaban los pagos, luego en 2021 dejaron de abonar nada, alegando la pandemia y problemas personales", detalló Álvarez.

 Una multa de 5.000 euros  

Cuando el contrato expiró en 2022, los inquilinos se negaron a marcharse. Lo que siguió fue un calvario judicial y económico: "Llevo más de tres años sin ingresar ni un euro por mi casa, mientras ellos viven como si nada", denunció Joaquim. Según su testimonio, los okupas disfrutan de un nivel de vida envidiable: son socios del club de golf, frecuentan restaurantes y hasta pagan clases de golf para sus hijos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Reus les otorgó un certificado de vulnerabilidad que les protege del desahucio. Àngels Granados, jefa de Bienestar del consistorio, defendió la decisión: "No somos inspectores de Hacienda; evaluamos la documentación presentada, no su veracidad".

La situación escaló cuando Joaquim descubrió que su vivienda estaba publicada en Booking como alojamiento turístico, con reseñas que confirmaban su uso ilegal. "No solo no pagan, sino que lucran con mi propiedad", afirmó. La Agencia Tributaria de Catalunya le impuso una multa de 5.000 euros por operar sin licencia, embargando 500 euros mensuales de su nómina. "Me penalizan a mí, mientras los verdaderos infractores siguen protegidos", lamenta.

 Okupación en Tarragona  

El caso ejemplifica las grietas del Real Decreto-ley 11/2020, que protege a personas vulnerables de desalojos sin alternativa habitacional. Aunque la norma busca evitar situaciones de desamparo, críticos señalan que se presta a abusos. "El sistema no distingue entre vulnerabilidad real y fraude", advirtió un portavoz de la Asociación de Afectados por la Okupación de Tarragona. Mientras, el Ayuntamiento de Reus insiste en que carece de herramientas para investigar los ingresos de los okupas.

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Joaquim, ahora inmerso en un segundo proceso judicial para desalojar a todos los ocupantes (incluidos los padres de los inquilinos, que se sumaron posteriormente), clama por justicia: "Las instituciones nos han fallado. ¿Dónde están los derechos de los propietarios?". Su historia, difundida en redes, ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar unas leyes que, según él, "premian la impunidad".

Y es que Cataluña ha logrado reducir su tasa de paro por debajo del 8% por primera vez en 16 años, pero el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre aún registran 40.137 desempleados, con un ligero repunte en 2025 13. Este clima económico precario agrava los conflictos por la vivienda, donde casos como el de Joaquim se multiplican. Mientras, el consistorio de Reus ha reforzado sus servicios sociales, pero (como admite Granados) sin capacidad para auditar situaciones complejas como esta.