Okupan su casa en Pontevedra y Pilar recurre a una medida atípica para recuperarla: "Mi marido se puso blanco, no tenía más opciones"

La okupación ilegal en Galicia ha registrado un aumento del 7% en el último año, con 16.426 casos documentados, según datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pontevedra, escenario de múltiples casos, refleja una crisis que combina vulnerabilidad social y delincuencia organizada. En el caso de Pilar Pardo, una mujer de 57 años de Mos (Pontevedra), se encuentra atrincherada en una habitación de su propia casa, iniciando una huelga de hambre para recuperar la vivienda que ocupó ilegalmente una familia a la que ayudó en un gesto de compasión. Su caso, lejos de ser aislado, ilustra la complejidad legal y social de la ocupación en Galicia, donde la tasa de desempleo, aunque en descenso hasta el 8.3%, no impide que prácticas delictivas aprovechen vacíos legales . 

Según declaraciones exclusivas a Antena 3, Pilar relata cómo su calvario comenzó en septiembre de 2023, cuando accedió a prestar temporalmente la vivienda a una familia que alegaba encontrarse en situación de desamparo. "Mi hijo me pidió que ayudáramos al compañero del colegio. Era cuestión de un mes, pero se negaron a marcharse", explica. La familia, compuesta por cinco miembros, transformó la propiedad en un escenario de caos: acumulación de basura, deudas impagadas en comercios locales e incluso la introducción de animales que exacerbaban el deterioro .

 Pilar toma una medida extrema  

La desesperación llevó a Pilar a tomar una medida extrema: colarse por una ventaba abierta y atrincherarse en una estancia de la casa. "Mi marido se puso blanco al verme, pero no tenía más opciones. La ley no me protege", afirma. La Policía le advirtió que, al haber entrado sin consentimiento de los ocupantes, podría ser denunciada por allanamiento de morada, un delito castigado con penas de 6 meses a 2 años de prisión. Esta figura jurídica, diseñada para proteger la inviolabilidad del domicilio, se aplica incluso cuando los ocupantes son los propietarios legítimos, si el inmueble está siendo habitado por otros .

El caso de Pilar ejemplifica la delgada línea entre usurpación y allanamiento. Mientras la usurpación se refiere a la ocupación de inmuebles deshabitados (castigada con multas o penas menores), el allanamiento de morada implica violar un espacio habitado, con penas más severas. Sin embargo, los tribunales exigen pruebas de que la vivienda era efectivamente "morada" del propietario (es decir, un espacio de vida privada) para aplicar este delito . En este caso, al tratarse de una segunda vivienda utilizada temporalmente, la situación legal se vuelve ambigua.

La familia ocupante, según investigaciones vecinales, cuenta con recursos económicos provenientes de una empresa de catering y propiedades alquiladas. "De vulnerables no tienen nada. Tienen dos pisos y un caballo, pero no pagan a nadie", denuncia Pilar. Vecinos de Redondela (Pontevedra) corroboran patrones de estafa: deudas impagadas en clubes hípicos, engaños con transferencias bancarias falsas y préstamos no devueltos.

 Niveles de okupación en España  

La respuesta institucional ha sido limitada. Pilar interpuso una denuncia en la Guardia Civil y solicitó ayuda al ayuntamiento de Mos, pero la alcaldesa Nidia Arévalo alegó "agenda apretada" y evitó pronunciarse . Este desamparo refleja un problema nacional: en 2024, España registró 16.426 casos de allanamiento y usurpación, un 7% más que el año anterior.

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Mientras, Pilar permanece en su coche frente a la casa, vigilando día y noche. Su salud se deteriora, padece anorexia nerviosa agravada por el estrés, y su hijo Javier abandonó los estudios debido a la depresión. "Voy a salir de aquí muerta o en camilla, pero no dejaré mi casa sin luchar", sentencia. Su historia, difundida por medios nacionales, evidencia la urgente necesidad de reformas legales que equilibren la protección de la propiedad y los derechos de los ocupantes ilegales.

Así, el drama de Pilar en Mos no es solo una lucha personal, sino un síntoma de una crisis estructural. Galicia, despite su mejora económica, enfrenta una ola de ocupaciones que exige respuestas coordinadas entre legisladores, fuerzas de seguridad y comunidades. Mientras, ciudadanos como Pilar recurren a medidas desesperadas en un sistema que, hoy por hoy, les falla.