Un okupa de Madrid lleva años viviendo con luz y gas gratuito porque otro lo está pagando y no es el propietario

La okupación ilegal en Madrid sigue generando un intenso debate social y político, con cifras que reflejan un problema en constante evolución. Según datos de la Delegación del Gobierno, las denuncias por usurpación de inmuebles en la Comunidad de Madrid descendieron un 43% en 2024, pasando de 2.852 casos a 1.616.

Sin embargo, este descenso no ha mitigado la alarma entre los ciudadanos, especialmente en barrios como Entrevías, donde un grupo de okupas ha convertido el parque de La Viña en un asentamiento ilegal con acceso gratuito a servicios básicos como la luz y el agua, costeados, según admiten los propios ocupantes, por el Ayuntamiento.

El parque de La Viña, antaño un espacio de ocio y deporte para familias del distrito de Puente de Vallecas, es ahora un foco de tensión vecinal. Desde hace meses, decenas de personas han okupado zonas del parque con tiendas de campaña, contenedores adaptados como viviendas y estructuras improvisadas, acumulando basura, chatarra y restos de comida que atraen plagas. "Esto empezó con una tienda pequeña y ahora es incontrolable", denuncia Manuel Martínez, presidente de la asociación de vecinos de La Viña.

 Quien paga la luz y el gas  

La gota que colmó el vaso fue la declaración de uno de los okupas a Telemadrid: "Sí, tenemos todo: luz, agua... No pagamos nada. La comunidad lo paga el Ayuntamiento". Estas palabras, pronunciadas con desenfado, han indignado a los residentes, que exigen medidas urgentes. "Nosotros pagamos impuestos para mantener servicios públicos, no para que unos ilegales vivan a costa de todos", reclama una vecina anónima.

El problema va más allá de la okupación. Los asentamientos han transformado el parque en un lugar inseguro: animales sueltos, incluido un gallo agresivo que ataca a corredores, montañas de basura y zonas antes destinadas a actividades deportivas ahora inaccesibles. "El campo de petanca lleva meses sin usarse porque lo han invadido", explica Martínez. Además, los vecinos temen un "efecto llamada" que atraiga a más ocupantes.

 La respuesta institucional: entre la polémica y la inacción  

Mientras el Gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, denuncia una "ola de okupación" y asegura que el servicio 112 Okupación ha duplicado sus llamadas en un mes, 56 en febrero frente a 32 en enero, el Ejecutivo central insiste en que las cifras oficiales no justifican la alarma. Solo 228 propietarios han recibido compensaciones por inquiokupación desde 2021, y apenas 18 se acogieron a la bonificación del agua en 2024.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no ha aclarado cómo los okupas del parque de La Viña acceden a servicios municipales sin coste. Fuentes municipales evitan pronunciarse sobre si existe un suministro irregular, aunque algunos vecinos sospechan que los ocupantes se conectan ilegalmente a redes públicas.

 Un fenómeno con raíces profundas  

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El caso de La Viña ejemplifica un problema estructural: la combinación de crisis habitacional, falta de políticas públicas y vacíos legales. En España, si una okupación supera las 48 horas sin denuncia, el desalojo requiere un largo proceso judicial. Además, la ley prohíbe cortar servicios básicos a inmuebles okupados, incluso si el propietario no recibe rentas.

Para organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Okupación, el sistema "penaliza a los dueños legítimos". Abogados especializados, como Emilio J. Sánchez de Legalis Defensa, alertan en El Mundo de un repunte del 200% en casos este verano, especialmente contra jubilados que pierden su segunda vivienda.

Y es que el conflicto del parque de La Viña resume la polarización en torno a la okupación. Mientras los ocupantes alegan necesidad —"aquí vivimos muy bien", dicen— 5, los vecinos exigen seguridad y el cumplimiento de la ley. "No se trata de criminalizar la pobreza, pero tampoco de permitir ilegalidades", resume Martínez.