La decisión que ha tomado Extremadura para acabar con la okupación: a partir de julio, todos los vecinos podrán solicitarlo

En los últimos años, la okupación ilegal se ha convertido en un problema creciente en España, y Extremadura no ha sido ajena a este fenómeno. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 145 casos de allanamiento o usurpación de bienes en la comunidad autónoma, una cifra que refleja una preocupante tendencia al alza . Aunque estas estadísticas no incluyen los casos de "inquiokupación" (aquellos en los que los inquilinos dejan de pagar el alquiler pero permanecen en la vivienda) los expertos advierten de que el problema es aún mayor de lo que sugieren las cifras oficiales.

Ante este escenario, la Junta de Extremadura ha decidido tomar medidas contundentes para proteger a los propietarios afectados. Y es que, a partir del próximo mes de julio, los extremeños que sufran la okupación ilegal de sus viviendas podrán contar con asistencia jurídica gratuita gracias a un convenio firmado entre la Junta y los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz. Esta iniciativa, anunciada por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, busca ofrecer un apoyo inmediato a las víctimas, muchas de las cuales se enfrentan a largos y costosos procesos judiciales para recuperar sus propiedades.

 La medida en Extremadura  

La nueva medida permitirá a los afectados recibir asesoramiento legal especializado a través de múltiples canales: presencial, telefónico o por correo electrónico. El objetivo es claro: evitar que los propietarios se vean paralizados por la burocracia o la falta de recursos económicos. "Prestaremos asistencia urgente o de primera necesidad a las personas afectadas, de modo que puedan emitir criterios de respuesta eficaz e inmediata", explica el Gobierno regional en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la presidenta María Guardiola de defender los derechos de las familias extremeñas frente a un problema que, además de violar el derecho a la propiedad, distorsiona el mercado de la vivienda y genera inseguridad entre la ciudadanía.

 Reformas y desafíos contra los okupas  

La decisión de Extremadura llega en un momento en el que el Gobierno central ha implementado cambios legislativos para agilizar los desalojos. La reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el PNV y el Partido Popular, incluye los delitos de usurpación (artículo 245 del Código Penal) y allanamiento de morada (artículo 202) en el procedimiento abreviado, lo que permite celebrar juicios en un plazo máximo de 15 días.

Sin embargo, esta reforma no aborda la "inquiokupación", una práctica en auge en la que los inquilinos, amparados por políticas de protección a personas vulnerables, dejan de pagar el alquiler pero se niegan a abandonar la vivienda.

Precisamente este vacío legal ha llevado a muchas víctimas a buscar alternativas fuera del sistema judicial, como la negociación directa con los ocupantes o la contratación de empresas especializadas en desalojos 13. En este sentido, el servicio de asesoramiento gratuito de Extremadura supone un avance significativo, ya que proporciona a los propietarios las herramientas necesarias para actuar dentro del marco legal, sin incurrir en costes adicionales.

 El factor humano y las críticas  

Aunque la medida ha sido bien recibida por los afectados, algunos sectores han recordado la importancia de no perder de vista el factor social detrás de la okupación. Luis Bohoyo García, vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, subraya en una entrevista en El Periódico de Extremadura que, si bien es fundamental proteger el derecho a la propiedad, también es necesario abordar las circunstancias que llevan a muchas personas a okupar viviendas, como la falta de acceso a un hogar digno. "No podemos dejar de dar la mano y prestar ayuda a quienes están en situación de vulnerabilidad", afirma.

No obstante, el consejero Manuel Martín ha sido claro al señalar que la okupación ilegal no solo perjudica a los propietarios, sino que también afecta a colectivos vulnerables, como trabajadores precarios o madres solteras, al reducir la oferta de viviendas en alquiler y encarecer los precios. "Muchos ciudadanos dejan de alquilar sus viviendas por miedo a no poder recuperarlas", advierte.

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 Una apuesta por la agilidad y la seguridad jurídica  

Con esta iniciativa, Extremadura se posiciona como una de las primeras comunidades autónomas en ofrecer un servicio integral de asistencia jurídica gratuita contra la okupación. La medida, que entrará en vigor en julio tras su publicación en los boletines oficiales, complementa las reformas legales recientes y refuerza la seguridad jurídica de los propietarios.

En un contexto marcado por el aumento de los casos y la saturación de los juzgados, este programa no solo busca agilizar los trámites, sino también disuadir a quienes ven en la okupación una práctica impune. Como señala también en el mismo diario el decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller Rodríguez, el convenio está diseñado para ofrecer "orientación previa" y no cubre los casos que derivan en pleitos judiciales, aunque sí facilitará el acceso a abogados especializados en caso de necesidad.