Pedro Sánchez pacta con Junts que empresas en España tengan que atender también en catalán a los clientes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo con Junts per Catalunya para modificar la Ley de Atención al Cliente. Esta modificación establece la obligatoriedad para las grandes empresas en España de atender en catalán a los clientes que así lo soliciten. La medida afectará a todas aquellas compañías con más de 250 trabajadores o un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros anuales, un pacto que se enmarca en las complejas negociaciones para la investidura y que evidencia la sintonía en algunos asuntos entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont.

Este pacto representa una de las cesiones más significativas del Ejecutivo en funciones a las peticiones del partido independentista, que busca reforzar la presencia y el uso del catalán en todos los ámbitos. La negociación se ha llevado a cabo con discreción, en un contexto político marcado por la necesidad de Sánchez de asegurar cada voto para su investidura. La materialización de este acuerdo se suma a otros pactos y leyes que, como la conocida como 'ley Begoña', avanzan en función de las necesidades políticas del momento.

Un derecho para los consumidores catalanes

Desde el entorno del Gobierno se ha defendido la medida como un avance en los derechos de los consumidores. Fuentes cercanas a la negociación han señalado que "este es un paso más para garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos". El objetivo, según explican, es que ningún ciudadano catalanoparlante vea mermada su capacidad de comunicarse en su lengua materna al contactar con grandes empresas de servicios, independientemente de la sede social de la compañía. Este tipo de acuerdos refleja el fracaso de otras iniciativas parlamentarias, como la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz, que no logran el consenso necesario.

La decisión no ha estado exenta de críticas. Diversas asociaciones empresariales han manifestado su preocupación por la nueva carga regulatoria y los costes que podría suponer su implementación. A este respecto, un portavoz de la patronal ha comentado que "esta medida impone una carga desproporcionada a las empresas en un momento económico delicado". La oposición también ha criticado duramente el acuerdo, calificándolo como un peaje más en lo que algunos analistas, como Ángel Expósito en La Linterna de COPE, describen como un "gobierno absurdo e imposible".