La ley Begoña: ocho meses en el cajón, a la espera de su momento político
La bautizada como “ley Begoña”, destinada a cercenar la acusación popular en causas judiciales, fue registrada en enero y bien entrado septiembre, su tramitación continúa sin iniciarse.

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Madrid - Publicado el
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El Gobierno ha comenzado el curso en el Congreso con la derrota de la reducción de la jornada laboral y numerosas iniciativas guardadas en un cajón ante la falta de apoyos para sacarlas adelante. Una de ellas es la llamada 'ley Begoña' destinada a acotar la acusación popular en las causas judiciales. Fue registrada en enero y bien entrado septiembre su tramitación continúa sin iniciarse.
Y es que, ocho meses después del registro en el Congreso, los socialistas siguen a la espera del contexto propicio para someter la iniciativa siquiera al paso más elemental: su toma en consideración, tal y como ha explicado Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE.
Las dificultades para superar además las siguientes votaciones plenarias —la de las enmiendas a la totalidad o la del conjunto de la propuesta— han retrasado el objetivo último del proyecto de acotar la acción popular y dejar sin efecto las investigaciones en curso contra Begoña Gómez o David Sánchez, esposa y hermano de Pedro Sánchez respectivamente.
Nada puede moverse sin el encaje de Junts. Decididos a meter mano a una materia tan sensible que ha soliviantado tanto o más como la pretensión gubernamental, falta también de apoyos, de cambiar el acceso a la judicial y fiscal.
Las derrotas desgastan al gobierno y el recién estrenado periodo de sesiones llega con demasiadas curvas.
la ley begoña
La ley Begoña, que hace clara referencia al nombre de la mujer del presidente, es una proposición de ley que el PSOE registró el paso mes de enero en el Congreso. Se trata de la reforma de una norma que pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla los partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos.
Los socialistas, que llevaban entonces meses denunciando una estrategia de acoso judicial contra el presidente del Gobierno y su entorno familiar, aseguraban querer acabar con el mal ejercicio de la acusación popular.