El informe clave del rescate a Plus Ultra: la aerolínea no debió recibir los 53 millones

Un informe pericial elaborado para el juzgado que investiga el rescate de Plus Ultra concluye que la aerolínea no debió recibir los 53 millones de euros de dinero público. Según ha desvelado en el programa 'El Cascabel' de TRECE el autor del informe, el abogado y economista Pedro Martín, la compañía se encontraba en una situación de empresa en crisis y en causa de disolución, lo que incumplía uno de los requisitos imprescindibles establecidos por el propio Consejo de Ministros para acceder a las ayudas.

Una contabilidad maquillada

El presidente de la consultora Martín Molina ha denunciado que la contabilidad presentada por la aerolínea "no responde a la norma mercantil española". El informe pericial, que fue solicitado por la jueza del caso, desmonta la viabilidad de la compañía a través de varios hitos contables. El primero es un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con el que Plus Ultra intentó esquivar la causa de disolución. Sin embargo, la investigación descubrió que 4 millones de ese préstamo eran indisponibles para la aerolínea, ya que estaban retenidos como garantía en Dominica por una sociedad de Panamá, Panacorp Casa de Valores SA. Esto significa que el préstamo real era de solo 2,3 millones, una cifra insuficiente para evitar la situación de quiebra.

El segundo punto clave fue la omisión de dotar unas provisiones por valor de 1,8 millones de euros correspondientes a una pérdida previsible de un procedimiento judicial de 2017. Esta cantidad no fue provisionada en las cuentas de 2020, presentadas para solicitar el rescate, pero sí se imputó como pérdida en 2021, una vez la ayuda ya había sido concedida. Según el perito, esto alteró artificialmente el resultado del ejercicio.

Finalmente, el informe detalla una operación con bonistas por valor de 9 millones de euros garantizada con un avión cuyo valor contable era de solo 2,6 millones. La aerolínea se apuntó un beneficio irregular de 6,3 millones de euros por esta operación de venta y arrendamiento posterior, una práctica que, según el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), no es correcta cuando el precio de recompra es igual o superior al de venta, como fue el caso.

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Riesgo de quiebra inminente

Según Pedro Martín, la suma de estas irregularidades contables demuestra que Plus Ultra ya estaba en causa de disolución cuando solicitó la ayuda. Las pérdidas acumuladas ascendían a 12 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. El perito ha sido tajante al afirmar que la situación real de la compañía era de solicitud de concurso de acreedores, ya que no tenía liquidez para pagar sus obligaciones de forma regular.

De hecho, el informe recoge que los propios asesores independientes de la operación admitieron que sin la ayuda pública, la caja de la empresa habría sido de -41 millones de euros. "Cualquier empresa que en la caja hay menos 41 millones de euros, hombre, pues está en causa de disolución", ha señalado Martín, quien ha advertido del alto riesgo de que el dinero público se pierda. "Es muy posible que esos 53 millones de euros de dinero público, los españoles lo acaben perdiendo", ha sentenciado.

Un proceso judicial en el limbo

El caso se encuentra actualmente archivado por errores en la diligencia, una situación que el presentador del programa, José Luis Pérez, ha calificado de "cúmulo de  casualidades". El propio perito, con más de 30 años de experiencia, ha relatado dos hechos insólitos en su carrera que han rodeado a este proceso: su intervención no fue grabada, como es obligatorio, y posteriormente, "a alguien se le olvida pedir una prórroga" que habría evitado el archivo del caso. Estas circunstancias han dejado la investigación judicial sobre el polémico rescate en una situación de limbo.