La Justicia pone orden en los garajes: esto es lo que ocurre si guardas tu bicicleta en tu plaza

El uso de las plazas de garaje para fines distintos al aparcamiento de vehículos es una de las fuentes de conflicto más habituales en las comunidades de vecinos. Trasteros improvisados, armarios y, sobre todo, bicicletas, se acumulan en espacios que, en origen, no estaban diseñados para ello, generando tensiones que ponen a prueba la convivencia y el respeto entre propietarios.

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Esta situación obliga a menudo a buscar un equilibrio entre el derecho del propietario a usar su espacio privado y la obligación de no perjudicar a los demás. Aunque pueda parecer un asunto menor, la realidad es que estas disputas escalan con frecuencia, llevando a los vecinos a un enfrentamiento que solo puede resolverse acudiendo a la normativa vigente o, en última instancia, a los tribunales.

Qué dice la ley al respecto

La norma clave que regula la vida en comunidad es la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Su artículo 7.2 establece un criterio de razonabilidad: permite al propietario de una plaza de garaje realizar usos alternativos en su interior siempre que no desarrolle actividades molestas, insalubres, peligrosas o que causen daños al edificio o a otros vecinos. Por lo tanto, la ley no prohíbe expresamente guardar una bicicleta, pero supedita esta acción a que no genere un perjuicio a terceros.

Sin embargo, a este marco general se suman los estatutos de cada comunidad, que pueden imponer reglas mucho más estrictas. Es común que estos documentos prohíban almacenar materiales inflamables o, de forma más relevante para este caso, que los objetos sobresalgan de los límites de la plaza e invadan zonas comunes o el espacio de otros propietarios. También es fundamental tener en cuenta las condiciones del seguro comunitario, que podría no cubrir incidentes derivados de un uso indebido del garaje.

Un caso judicial que sienta precedente

Un conflicto reciente en Vigo ilustra perfectamente hasta dónde puede llegar esta problemática. Un vecino no solo guardaba sus bicicletas en el garaje, sino que instaló una estructura metálica en una zona común de paso. Además, debido al volumen de la instalación, aparcaba su coche invadiendo lateralmente la plaza de sus vecinos, lo que dificultaba notablemente el acceso de estos a sus trasteros.

El caso llegó a los tribunales y, en una primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Vigo condenó al infractor a no ocupar la plaza colindante y a pagar una indemnización de 2.000 euros por daños morales. Sin embargo, el juez no ordenó la retirada de las bicicletas al considerar que no se había acreditado un perjuicio suficiente. La disputa no terminó ahí, ya que los afectados recurrieron la decisión.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Pontevedra estimó el recurso de los demandantes. En su sentencia, el tribunal señaló que, de acuerdo con el artículo 394 del Código Civil y el 7.2 de la LPH, la conducta del vecino "supone un abuso de derecho y/o un acto molesto y perturbador". Con esta argumentación, la Audiencia ordenó la retirada inmediata de las bicicletas, sentando un precedente clave para situaciones similares en otras comunidades.

En definitiva, aunque la ley permite cierta flexibilidad, esta termina donde empiezan las molestias a los demás. La clave reside en no invadir zonas comunes ni perjudicar el derecho de otros propietarios, ya que, como demuestra esta sentencia, los tribunales pueden acabar dando la razón a quien sufre el perjuicio.