Miguel Ángel García, economista: "Los inmigrantes no quitan el trabajo a los nacionales, porque en buena parte ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no quieren"

El Gobierno de España ha aprobado por sorpresa la regularización extraordinaria de unas 500.000 personas migrantes que se encuentran en el país, una medida que se ha tramitado de manera urgente a través de un real decreto. La decisión surge de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, según ha trascendido en el programa 'La Linterna' de COPE, y busca dar respuesta a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba meses bloqueada en el Congreso tras recabar el apoyo de casi 900 organizaciones y más de 600.000 firmas.

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La regularización de migrantes en España

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Para acogerse a esta medida, los solicitantes deberán demostrar su presencia continuada en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre y carecer de antecedentes penales. Como ha explicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, el objetivo es retomar el espíritu de la ILP y una de las novedades es la flexibilidad para acreditar la estancia, ya que no se exigirá únicamente el padrón, un punto que ha sido valorado positivamente por organizaciones como la Fundación por Causa.

El plazo para solicitar los papeles se abrirá previsiblemente a principios de abril y el proceso culminará el 30 de junio. El permiso concedido tendrá una validez de un año e incluirá autorización de residencia y trabajo para cualquier sector y para todo el país, además de dar acceso pleno al sistema nacional de salud. Los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión quedarán suspendidos al presentar la solicitud, una cuestión que evidencia que, a veces, el Gobierno acierta en el fondo aunque se equivoque en las formas.

El impacto en la economía y el mercado laboral

El economista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Ángel García, ha sido una de las voces expertas en el programa de Expósito, donde ha afirmado que esta medida tendrá un impacto directo en el mercado laboral. Según García, el mercado español tiene una gran capacidad de absorción de migrantes, como demuestra que "tres de cada cuatro empleos" creados recientemente han sido ocupados por ellos. El economista ha querido aclarar una de las grandes polémicas: "Los inmigrantes no quitan el trabajo a los a los nacionales, porque en buena parte ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no quieren".

Estos puestos se concentran fundamentalmente en sectores como el agrario, el cuidado de personas, la hostelería, la construcción y el comercio, tal y como se ha analizado en COPE sobre los sectores con mayor precariedad donde trabajan los migrantes. Sin embargo, García ha advertido que, pese a la llegada de nuevos cotizantes, "la inmigración no va a resolver el problema de pensiones", ya que la estructura del sistema actual hace que el déficit se incremente a medida que aumenta el número de contribuyentes.

La principal crítica que hay que hacer a todo esto es la falta de planificación"

Pese a ver positiva la llegada de personas para cubrir vacantes, el profesor ha señalado un punto crítico: la falta de planificación en la integración. "La principal crítica que hay que hacer a todo esto es la falta de planificación", ha sentenciado. García considera que si se necesitan inmigrantes, hay que tomar medidas complementarias que permitan su correcta integración para que los servicios sociales no se deterioren, asegurando acceso a educación, sanidad y vivienda y evitando así que se genere "xenofobia contra los recién llegados".

La voz de los protagonistas

Uno de los impulsores de la ILP original es Augustine Ndour, quien vivió en primera persona una regularización en 2001, bajo el gobierno de José María Aznar. Para él, supuso "un cambio drástico, un cambio total como la noche y el día". Ndour ha recordado la angustia de vivir sin papeles: "El único hecho de salir de tu casa y tener miedo que te puedan pedir la documentación y meterte en un CIE y devolverte en tu país de origen, solo con eso uno se queda un poco traumatizado". Esta experiencia fue el motor para impulsar la nueva iniciativa y dar dignidad a miles de personas.

Solo con eso uno se queda un poco traumatizado"

La medida ha sido celebrada por las casi 900 organizaciones que apoyaron la ILP, entre ellas Cáritas o la Conferencia Episcopal, cuyo presidente, Luis Argüello, ha expresado su alegría porque muchas personas "puedan, desde hoy, iniciar un proceso de regularización". Por el contrario, partidos como Vox han anunciado que recurrirán la decisión, mientras que sindicatos policiales como JUPOL alertan de que es "materialmente imposible" tramitar tal volumen de peticiones y advierten de la necesidad de un aumento drástico de medios para tramitar las peticiones, además de un "efecto llamada". Augustine Ndour ha rebatido este último punto, asegurando que los migrantes ya están aquí y que la regularización les permitirá cotizar y aportar al bien común.

Esta se convierte en la octava regularización extraordinaria de la democracia española, la primera del actual Gobierno de Pedro Sánchez. La última, y más numerosa, tuvo lugar en 2005 bajo el mandato de Zapatero, con casi 580.000 personas. La medida actual no solo busca resolver un limbo legal, sino que también reconoce una realidad demográfica y económica que ya es fundamental para el funcionamiento del país.