Jorge Bustos, sobre la regularización de 600.000 migrantes: "A veces el Gobierno acierta en el fondo y se equivoca en la forma"

"A veces el Gobierno acierta en el fondo y se equivoca en la forma. Y yo creo que eso es lo que acaba de ocurrir con el asunto de la regularización extraordinaria de migrantes. Una buena idea desde el punto de vista moral dentro de una estrategia política equivocada. Hoy el gobierno va a aprobar por Real Decreto una regularización que beneficiará aproximadamente a unas 500.000 personas que ya viven en nuestro país; la gran mayoría está trabajando, pero a pesar de eso carecen de los derechos sociales, laborales, sanitarios del resto de trabajadores. 

Este decreto surge de la iniciativa legislativa popular que recabó más de 600.000 firmas en su momento para que el Congreso aprobara la regularización de esos trabajadores que ya han acreditado suficientemente su arraigo laboral y su voluntad de integración. 

En esa recogida de firmas participaron más de 900 organizaciones sociales, algunas de ellas vinculadas a la Iglesia española con Cáritas a la cabeza. Y aquella iniciativa pasó los primeros trámites parlamentarios, la toma en consideración, y lo hizo con el acuerdo de la mayoría, incluido el Partido Popular y la única oposición de Vox. 

Después, como tantas otras cosas, el gobierno la metió en un cajón y paralizó su tramitación. Quizá precisamente porque suscitaba consenso. No servía para añadirle otro ladrillo al muro. El fondo del asunto es moralmente acertado. Se trata de reparar una situación injusta con un gran número de personas con orígenes muy diferentes, pero que ya trabajan en nuestro país y a pesar de eso se encuentran en un limbo legal, como si fueran ciudadanos de segunda o de tercera.

Pero es que además hay razones prácticas fuera de las morales, porque sin ellos la economía española estaría en una situación mucho peor de la actual. Porque más allá de los motivos sociales humanos, legales, desde el punto de vista meramente económico, egoísta, si quieres, el aporte de estas personas nos beneficia a todos, sobre todo si tenemos en cuenta que con su regularización todas estas personas contribuirán al sostenimiento del sistema, como el resto de trabajadores con sus cotizaciones y con sus impuestos. 

En el fondo es una cuestión de pura aritmética. Para mantener el estado del bienestar hacen falta nuevos cotizantes y con nuestra tasa de natalidad raquítica los números no cuadran. El Banco de España estima que se necesitarán casi 25 millones de migrantes de aquí a 2053 para sostener el sistema.

La cuestión delicada aquí era el filtro: dónde pones el límite de tiempo de residencia y qué perfil buscas. Y el gobierno ha pactado con Podemos que la regularización beneficie a todas aquellas personas que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, al menos durante 5 meses, y que no tengan antecedentes penales.

No se está hablando de abrir las fronteras de par en par ni de regalar los papeles sin más. El objetivo es dar una solución a una situación injusta después de años de mirar para otro lado. Y tampoco es la primera vez que se hace; ya hubo regularizaciones extraordinarias con José María Aznar y con Zapatero. Ahora bien, arreglar esta situación no significa que las motivaciones de este gobierno estén exentas de cálculo político, ni mucho menos. 

Todo esto se hace por Real Decreto para que no pase por el Congreso, que era lo que querían los promotores de la iniciativa legislativa. Querían la sanción solemne y consensuada del Parlamento español. Lo deseable habría sido sumar una mayoría suficiente y transversal para sacar adelante la iniciativa.

Pero hace ya tiempo que este gobierno no busca el consenso, sino la supervivencia. Por eso ha negociado esto con Podemos, porque a cambio los morados van a facilitar la cesión de competencias migratorias a Cataluña, que es lo que exigía otro socio que es Junts para seguir sosteniendo al gobierno. Así se cierra el círculo: los socios mandan, el muro sigue y luego está la clave electoral, pura y dura. 

Concederle esta medallita a Podemos alimenta el discurso antiinmigración de Vox frente a un Partido Popular al que le cuesta definirse en esta cuestión. El PP en materia de inmigración no puede caer ni en la irresponsabilidad buenista de Podemos ni en la beligerancia xenófoba de Vox.

El anuncio de la regularización permite al PSOE, además, airear el debate migratorio justo cuando estamos afrontando procesos electorales en Aragón y en breve en Castilla y León. Hoy entrevistaremos, de hecho, a Alfonso Fernández Mañueco a partir de las 9. Y en ese escenario electoral es muy tentador, claro, para Moncloa atizar el discurso visceral de Vox a costa del PP. La clásica estrategia de la pinza: cuanto más cabreen a Vox, más sube el voto a Abascal a costa del de Feijóo. Por eso los intereses de Pedro y los de Santi coinciden en el mismo adversario que es el PP, el único partido con posibilidad real de ser alternativa de gobierno. Se ve, ¿no?, la jugada.

Y luego hay una tercera cuestión que no debemos pasar por alto y es el momento, y es que el anuncio de la regularización extraordinaria llega justo después de pasar meses y meses en un cajón. Llega justo cuando la investigación del accidente del tren de Adamuz está poniendo contra las cuerdas la gestión del gobierno en el sistema ferroviario, precisamente en el Ministerio de Transportes, que es el epicentro, la zona cero de la corrupción sanchista. 

Y es una lástima, es una lástima que una causa justa en el fondo no cuente con el consenso necesario en el Parlamento y termine sirviendo para exacerbar las estrategias polarizadoras, porque el interés real de sacarla adelante ahora esconde un evidente cálculo político y eso es lo que va a pervertir el debate y la recepción social de esta medida va a empezar a ocurrir desde hoy mismo. Pero es lo que sucede cuando no te mueve el interés general ni la justicia de una causa, sino el único objetivo de sobrevivir en el poder unas semanas más".