La regularización, un reto también administrativo

El Gobierno de España ha aprobado la primera regularización extraordinaria de migrantes en 21 años a través de un real decreto, una vía que evita la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llevaba un año y medio bloqueada en el Congreso. Para Gonzalo Fanjul, director de Análisis y Desarrollo de ISGlobal y miembro de la Fundación Por Causa, se trata de "una de las mejores noticias que ha tenido nuestra sociedad en los últimos años" y "un paso histórico". 

Para que sea un éxito y según señala las administraciones deben dotarse de los medios necesarios, algo que no ocurre en la actualidad con las solicitudes de asilo. Y lo mismo pide también en COPE Jorge Serrano, coordinador de la ILP para la regularización y ex coordinador del partido Por Un Mundo Más Justo: "los plazos fijados por el decreto urgente del Gobierno son muy exigentes y serán imposibles de cumplir si las administraciones no aumentan drásticamente los medios personales y técnicos para abordarlo".

También para los propios solicitantes los plazos pueden dificultarles el poder tener a tiempo la documentación. De hecho y, según explica en COPE Xavier Parra de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES): "nos preocupan todos los medios que se vayan a poner a disposición para llevar a cabo el trámite. Nos parece una ventana de tiempo muy corta y nos preocupa que algunas personas no lleguen problemas de documentación por ejemplo porque no logren su certificado de penales en el tiempo establecido". 

Según lo aprobado el martes por el Gobierno, ese certificado de penales es junto a una estancia ininterrumpida en nuestro país de 5 meses antes del 31 de diciembre de 2025 son los requisitos necesarios para poder ser beneficiario de las regularización extraordinaria. Las solicitudes comenzarán a presentarse a principios de abril y el proceso se cerrará el próximo 30 de junio. 

El real decreto también establece que desde la solicitud a su admisión a trámite no podrán pasar más de 15 días y una vez admitida los solicitantes podrán acceder al mercado laboral y al sistema nacional de salud. La resolución final deberá llegar en 3 meses y, de ser positiva, brindará una autorización de residencia de un año.  

Un paso histórico liderado por la comunidad migrante

Gonzalo Fanjul subraya el valor de esta medida como una "victoria colectiva" que ha sido "liderada y espoleada a lo largo de todo el proceso por la comunidad migrante, muchas veces por migrantes sin papeles en las circunstancias más complicadas". Este liderazgo otorga a la regularización "un valor político y simbólico" que, en su opinión, es "muy difícil de exagerar".

Es un paso absolutamente histórico"

GONZALO FANJUL 

Director de Análisis y Desarrollo de ISGlobal y miembro de la Fundación Por Causa

El experto considera que el decreto llega después de que la ILP, que logró casi 700.000 firmas y el apoyo de 900 organizaciones como la Iglesia Católica, que, según reconoce desempeñó un papel fundamental, fuese "triturada por la misma polarización" de la política española después de año y medio guardada en un cajón tras ser admitida a trámite en 2024 con una mayoría absoluta.

 Además, valora positivamente que las condiciones del nuevo decreto parecen "más flexibles" y "más generosas" que en procesos pasados, lo que permitirá a más personas demostrar su arraigo al hacer posible presentar no solo el padrón sino otro tipo de documentos como informes médicos o recibos de la luz o del alquiler. 

El perfil del migrante: un talento desperdiciado

Según datos recientes de Funcas, en España podría haber unas 840.000 personas en situación irregular, de las cuales el 91% procede de América Latina. Se trata, según el co fundador de la Fundación Por Causa, de un colectivo "prácticamente paritario entre hombres y mujeres" que incluye a un gran número de menores, unos 150.000 niños y niñas según estimaciones anteriores.  El proceso que ahora se ha activado beneficiará a los hijos menores de edad de los solicitantes que logren su regularización. 

Fanjul explica que no se trata del perfil que se suele tener en mente: "Es gente que en su inmensa mayoría entró de manera legal en España" y su situación es una "irregularidad sobrevenida".  La mayoría trabajan en la economía sumergida, principalmente en sectores de baja cualificación como "el hogar, algo en la hostelería, la construcción y la agricultura intensiva pero muchos de ellos tienen una cualificación media o superior, por lo que sus capacidades son un "talento desperdiciado" que ahora podrá ser reconocido formalmente".

Impulso económico y demográfico

Lejos de suponer una carga, la regularización es "una de las mejores noticias económicas que puede tener" el país. Fanjul argumenta que estas personas saldrán de un "limbo legal y administrativo" para "contribuir a la sociedad con sus impuestos, con sus contribuciones a la seguridad social". Afirma que ayudarán a cubrir "agujeros en el mercado laboral" y que su integración impulsará el dinamismo económico, como ya ha reconocido el Fondo Monetario Internacional.

Es una bomba nuclear de solidaridad y justicia" 

JORGE SERRANO 

Coordinador de la ILP para la regularización y ex coordinador del partido Por Un Mundo Más Justo

Demográficamente, la medida representa un gran beneficio. Al ser una población más joven que la media española, Fanjul la describe como un "regalo demográfico", con "gente que va a contribuir durante muchos años sin suponer un coste para la seguridad social". En su análisis, "el beneficio neto es extraordinario".

Ante la preocupación por una posible sobrecarga de los servicios públicos, Fanjul es tajante: "España ya está atendiendo a las personas en situación irregular" en colegios y hospitales. Sostiene que la regularización no solo no colapsará el sistema, sino que "va a fortalecerlo por la vía financiera", ya que estas personas "quieren pagar impuestos". Concluye que la medida demuestra que "lo que es justo también es inteligente" y es una solución de "puro sentido común".

Para Jorge Serrano estamos ante "una bomba nuclear de solidaridad y de justicia" que beneficiará no solo a los migrantes y refugiados sino al conjunto de la sociedad española con ventajas tanto sociales como económicas y demográficas. 

 Por su parte la Directora de Estudios Sociales de la Fundación de Cajas de Ahorros, María Miyar, considera que el efecto de la medida será temporal y responde a una mala planificación de la política migratoria en España.  Contribuirá inicialmente a reducir el número de personas en situación irregular pero si se mantiene el actual patrón migratorio, señala, una vez acabe el proceso volverá a aumentar. Para ellos el arraigo -facilitado por la reciente reforma del Reglamento de Extranjería- será la mejor opción para lograr los papeles.