"Los propietarios podrían reclamar las tasas pagadas de más e indemnizaciones si la UE acaba multando a España por el registro de viviendas turísticas"

El debate sobre la gestión de las viviendas turísticas ha escalado a nivel europeo. La decisión del Gobierno de España de retirar del mercado unos 80.000 pisos turísticos por no cumplir los requisitos formales ha encontrado la oposición de la Comisión Europea, que ahora cuestiona el sistema que ha permitido esta medida, según el análisis de Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE'.

El conflicto se centra en la creación de una base de datos obligatoria a nivel estatal donde deben inscribirse todos los propietarios que deseen alquilar sus inmuebles para uso turístico. Desde Bruselas se considera que esta exigencia podría estar duplicando obligaciones que ya existen en el ámbito autonómico, lo que crea una barrera administrativa excesiva para los propietarios.

Choque de competencias

Un ejemplo de este conflicto es el caso de Andalucía, comunidad que ha recurrido la medida ante el Tribunal Supremo. La Junta considera que el Estado está invadiendo una competencia autonómica, argumentando que su sistema de registro propio es suficiente y que la nueva normativa estatal resulta redundante.

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Un largo y complejo recorrido judicial

La Comisión Europea ya ha solicitado explicaciones al Gobierno y, si no se justifica adecuadamente la medida, España podría enfrentarse a multas. El procedimiento judicial se anticipa largo, pudiendo extenderse de uno a tres años o incluso más si el caso llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Mientras tanto, los propietarios afectados no pueden volver a poner sus viviendas en el mercado y deben seguir cumpliendo con la normativa vigente. Sin embargo, se abre la puerta a que en un futuro puedan reclamar la devolución de las tasas abonadas e incluso solicitar indemnizaciones patrimoniales por los perjuicios causados.

Este enfrentamiento pone de manifiesto la complejidad en la regulación del mercado de la vivienda, que se ha convertido en la principal preocupación para los españoles. La situación tiene un impacto económico importante y evidencia la tensión entre las normativas estatales, autonómicas y el marco de control de mercado de la Unión Europea.