Históricas sentencias contra Instagram y Facebook por dañar la salud mental de los jóvenes en Estados Unidos

Dos sentencias históricas en menos de 24 horas han golpeado a Meta, sentando un precedente judicial clave para la compañía de Mark Zuckerberg. La propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp se enfrenta a condenas millonarias en Nuevo México y Los Ángeles por el impacto de sus plataformas en la salud mental de los menores.

375 millones por desprotección infantil

La primera condena, resuelta en Nuevo México, obliga a la multinacional a pagar 375 millones de dólares. Esta sentencia responde a una demanda colectiva que agrupa a familias de menores afectados por casos de explotación infantil y desprotección en sus plataformas. El fallo considera que se ha ignorado la seguridad de los niños, lo que ha provocado situaciones de grave riesgo como el 'happy slapping', una forma de violencia que se viraliza en redes.

La sentencia da por demostrado que los productos de Meta dañaron la salud mental de los niños, se ignoraron las alertas de sus propios empleados y se engañó a los usuarios sobre la seguridad de las redes. El texto señala que las plataformas priorizan sus beneficios económicos a la seguridad infantil y juvenil y que sus controles de seguridad son insuficientes contra depredadores sexuales.

El veredicto del jurado supone una victoria histórica para todos los niños y todas las familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños"

"El veredicto del jurado supone una victoria histórica para todos los niños y todas las familias que han pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer los beneficios a la seguridad de los niños", ha declarado el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que ha liderado la demanda. El caso se inició en 2024, después de que el diario The Guardian publicara informaciones sobre cómo Facebook e Instagram se habían convertido en mercados para el tráfico sexual de menores.

Adicción deliberada y falta de control

De forma paralela, una segunda sentencia en Los Ángeles ha condenado tanto a Meta como a Google a indemnizar con tres millones de dólares a una denunciante. La mujer sufrió graves problemas de salud mental siendo menor debido al uso compulsivo de estas plataformas. El tribunal ha considerado probado que las redes sociales provocan la adicción de adolescentes y niños de manera deliberada, generando una cruda realidad de aislamiento digital para muchos jóvenes.

Durante el proceso de Nuevo México, los investigadores demostraron que la plataforma había confiado en exceso en modelos de IA para moderar sus contenidos. También se acusó a la compañía de encriptar Facebook Messenger para bloquear el acceso a evidencias. Salieron a la luz detalles de la Operation MetaPhile, por la que en 2024 tres hombres fueron arrestados tras usar las plataformas para contactar con menores, una práctica sobre la que la Policía advierte constantemente.

Debido al número de masivo de usuarios de sus redes sociales los daños a menores eran inevitables"

En declaraciones grabadas y reproducidas durante el juicio, tanto Zuckerberg como otros ejecutivos de la compañía, como Adam Mosseri, admitieron que "debido al número de masivo de usuarios de sus redes sociales los daños a menores eran inevitables".

Meta recurrirá la decisión

Meta ha anunciado que recurrirá la decisión judicial de Nuevo México y ha acusado a los demandantes de utilizar argumentos "sensacionalistas e irrelevantes". "Seguiremos defendiéndonos con firmeza y seguimos confiando en nuestro historial en materia de protección de los adolescentes en Internet", ha declarado un portavoz de la compañía.

Por su parte, el fiscal de la causa ha avanzado que en la segunda parte del juicio, que tendrá lugar en mayo, su oficina reclamará nuevas sanciones económicas y cambios en las políticas de las plataformas para garantizar una mayor protección. Mientras plataformas como Snap o TikTok han llegado a acuerdos extrajudiciales con los afectados, la compañía que dirige Zuckerberg ha optado por impugnar las reclamaciones en los tribunales.